La organización de derechos Human Rights Watch ha publicado su análisis de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que asegura que es una iniciativa que pondría en riesgo las elecciones libres de la ciudadanía, pues limita la independencia de las autoridades del órgano, lo que las hace vulnerables a intereses de poder.
Debido a esto, la organización recomendó a los legisladores rechazar los cambios constitucionales que propone la reforma, pues atenta contra los derechos universales.
El proyecto en materia electoral también tiene como objetivo eliminar los organismos y tribunales electorales, que son autoridades encargadas de controlar las elecciones en cada entidad del país, por lo que la vigilancia de las votaciones quedaría en manos de solo dos responsables.
En este sentido, Human Rights Watch explicó que el partido que estuviera en el poder podría tomar ventaja en las elecciones, pues estarían a disposición de la autoridad en curso para mantener la gobernanza.
“Los cambios constitucionales propuestos por el presidente López Obrador facilitarían que cualquier partido que esté en el poder influya en las instituciones electorales del país para mantenerse en el poder”, dijo el investigador de Human Rights Watch, Tayler Mattiace.
El experto señaló que esta propuesta es alarmante tomando en cuenta la disminución de las autoridades, sobre todo, después de haber superado el régimen del PRI, que gobernó y dominó el país por más de medio siglo.
“Considerando la larga historia de elecciones amañadas en México durante los más de 70 años de gobierno unipartidista, resulta sumamente alarmante que los legisladores consideren una propuesta tan regresiva que debilitaría la independencia de las autoridades electorales”, dijo Mattiace.
La Reforma Electoral pasaría las delegaciones estatales al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serían los encargados del monitoreo de las elecciones, dejando de lado a los actuales organismos independientes.
Por otro lado, la designación de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral tendría lugar de manera simultánea, algo que de acuerdo con Human Rights Watch, facilitaría a las autoridades en turno influir en la decisión.
Finalmente, la organización asegura que es un riesgo que el padrón electoral sea administrado por el gobierno, pues podría vulnerar la protección de datos de los ciudadanos, ya que contarían con información personal como huellas, nombres, fotografías, etc. La discusión sobre esta iniciativa tendrá lugar este 6 de diciembre en el pleno del Senado.
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