Una comisión legislativa aprobó alrededor de la medianoche del lunes un déficit de alrededor de 56.000 millones de dólares en el proyecto del gasto público del presupuesto federal, que fue enviado al pleno de la Cámara Baja del Congreso para su discusión.
"Con 31 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, se validó el documento que señala que en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de un billón 134.140 millones de pesos (unos 56.000 millones de dólares)", informó en un comunicado el órgano legislativo.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Erasmo González Robledo, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó el "Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación" para el ejercicio fiscal 2023.
El proyecto presentado por el Ejecutivo que avanza en Congreso contempla un gasto neto de 415.000 millones de dólares, detalla el texto aprobado.
El proyecto de dictamen con esos montos de gasto público y déficit -que debe ser financiado con emisión de deuda pública-, fue remitido a la Mesa Directiva para su programación en la agenda del pleno legislativo, en un debate previsto para la tarde y noche de este martes.
DEBATE LEGISLATIVO
La política de gasto del Proyecto de Presupuesto 2023 "está encaminada a rubros que estimulen un mayor desarrollo de todos los sectores de la población y propone un aumento real anual en la inversión física respecto a lo aprobado en 2022", indica el comunicado.
El presidente de la comisión legislativa, González Robledo, precisó que las reservas de la oposición serán presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera una prolongada discusión.
Según el dictamen, los programas previstos en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación mexicana en 2023 "se han alineado y son congruentes con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como en los programas que derivan del mismo" que rige a la actual administración federal.
Uno de los temas de desacuerdo son los "ajustes a los proyectos de presupuesto presentados por los ramos autónomos, sin afectar el desarrollo de sus actividades esenciales, pero en concordancia con la política pública", como los presenta el texto aprobado.
La política gubernamental denominada de "austeridad republicana" reduce los presupuestos de los poderes Legislativo, Judicial y otras entidades autónomas.
El comunicado reporta que entre esos entes autónomos, a los que serán reducidos sus presupuestos, están el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El proyecto fue aprobado con los votos de Morena y partidos aliados del oficialismo en una sede alterna del Poder Legislativo, debido a protestas por las reducciones presupuestales.
La reducción al presupuesto de la autoridad electoral -cuya reforma constitucional impulsan el Gobierno y Morena- es de 4.500 millones de pesos (unos 225 millones de dólares).
Partidos de la oposición calificaron el proyecto que eleva el gasto de los programas sociales como "clientelar" y "centralista".
Cuestionan además que considere ingresos presupuestales con un crecimiento económico calculado en 3 por ciento en 2023, que consideran "irreal".
Algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional calculan que el crecimiento de la economía mexicana será de 1,2 por ciento en 2023.
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