Recientemente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos el dictamen mediante el cual se reforma la Ley del Seguro Social, para permitir que trabajadoras domésticas puedan ser aseguradas y reciban todas las prestaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La afiliación al IMSS permitirá a las trabajadoras domésticas abandonar la informalidad y estar en un régimen de empleado mediante el cual serán beneficiadas con atención médica, farmacéutica y hospitalaria, tanto para miembros del sector como para sus familias.
Sin embargo, esta resolución se da a más de tres años de que arrancó la prueba piloto que buscaba reconocer a todos los trabajadores domésticos del país con sueldos y prestaciones dignas, tomando en cuenta la precariedad laboral a la que están sujetas muchas de estas personas.
La prueba piloto
Este hecho, que es considerado un logro laboral para las trabajadoras y trabajadores domésticos, se remonta a 2018 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que los patrones no pudieran inscribir a las empleadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Luego de dicho precedente, el IMSS implementó en el año 2019 un programa de prueba con el cual se abrirían estrategias para poder afiliar a los trabajadores con mayor facilidad y así poder establecer la viabilidad de hacerlo de forma obligatoria y permanente.
Desde que arrancó la prueba hasta febrero de este año, el IMSS reportó la incorporación de más de 40,000 trabajadoras del hogar al régimen formal; sin embargo, se trata de una cifra muy baja tomando en cuenta los datos con los que cuenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).
De acuerdo con dicha instancia, las más de 40,000 personas afiliadas hasta febrero de este año solamente representan 1.9 % del padrón estimado de trabajadoras domésticas en el país, lo cual fue suficiente para que el IMSS declarara obligatorio registrarlas de manera formal, pero representa un avance lento por parte de los patrones.
En este sentido se puede establecer, además, que aproximadamente 97 % de las trabajadoras domésticas en el país no tiene un contrato y tampoco goza de prestaciones laborales, empezando por la Seguridad Social.
Pero además de ello, están sometidas históricamente a un régimen de discriminación y violación de sus derechos laborales, donde muchos no cuentan con un horario fijo, se modifican constantemente sus actividades, no reciben un aumento salarial anual como lo establece la ley y tampoco tienen una relación laboral que les permita generar antigüedad.
El programa piloto permitió el registro total de 43,823 personas en sus dos fases, la primera que inició en abril del 2019 y la segunda a partir de julio del 2020. Tan sólo en el primer año se inscribieron a 22,300 trabajadoras domésticas mientras que en el segundo año se llegó a 33,475.
El registro de trabajadores ante el IMSS también permite que se pueda regular de mejor manera el trabajo informal, tomando en cuenta que actualmente hay muchos vicios como el empleo a menores de edad, el cual no solamente viola tratados internacionales, sino leyes federales del trabajo.
La obligatoriedad por parte de los patrones para registrar a las trabajadoras domésticas ante el IMSS deberá de tener varias regulaciones, según advierten los expertos, esto con la finalidad de que los empleadores no continúen evadiendo la responsabilidad y se hagan cargo de pagar las cuotas ante el IMSS.
