Senadores de México y organizaciones civiles del país latinoamericano y EEUU pidieron el miércoles al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador políticas eficaces de protección para decenas de miles de personas migrantes procedentes de Venezuela.
"La política migratoria actual en México afecta a las personas migrantes, y especialmente a quienes son sujetas de protección internacional, al no contar con mecanismos claros, eficientes y accesibles para solicitar asilo, obtener regular estancia y para el acceso a derechos como trabajo, salud, educación", entre otras violaciones, dice el posicionamiento presentado en la sede de la Cámara Alta.
El senador independiente Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 2012- 2016), y el legislador Gustavo Madero, que presidió esa cámara en la legislación anterior, acudieron a la protesta a casi dos semanas de un acuerdo de México con Washington para otorgar 24.000 visas humanitarias que permiten viajar por vía aérea a migrantes venezolanos que no ingresen en forma irregular por vía terrestre.
La denuncia que respalda el llamado Grupo Plural de senadores independientes detalla acciones que padecen personas venezolanas devueltas por EEUU bajo el llamado Título 42, que autoriza la expulsión expedita -sin mediar apelaciones ante un juez migratorio por la contingencia sanitaria de coronavirus-, que el país latinoamericano acepta "por razones humanitarias".
Las personas expulsadas de territorio estadounidense a ciudades del norte de México sufren "detención migratoria, deportación y traslado a otros estados del país, deja a las personas en indefensión, y vulnerables a ser víctimas de delitos como la extorsión y la trata de personas", prosigue el texto leído en el Senado.
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