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El martes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, es investigado internacionalmente por el caso “Rápido y Furioso”, todo derivado del proceso que se lleva en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Primero que nada, debemos recordar que la operación “Rápido y Furioso” permitió el ingreso de armas al país, presuntamente, para combatir al crimen organizado, pero este armamento terminó en manos de sicarios, lo que fue determinante para que la llamada guerra contra el narcotráfico se saliera de control.
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El secretario de Gobernación y el presidente Andrés Manuel López Obrador han sugerido que se mantenga esta investigación en contra de Calderón Hinojosa, dando a entender que también debería ser sometido a un juicio en México, pero se debe aclarar que el exmandatario no está en riesgo judicial, al menos en el país.
Pese a lo señalado por López Obrador, un juicio político en contra de Felipe Calderón resulta algo que no puede llevarse a cabo en México, pues constitucionalmente se establece que solamente se puede llevar a juicio a un presidente cuando está en funciones y un año después de dejar la presidencia.
De hecho, hay voces que han solicitado que se haga un juicio por “traición a la patria” a Calderón Hinojosa y a otros expresidentes, lo que también es imposible debido a que ya no están en funciones en el gobierno.
Una esperanza de que se lleve a cabo un juicio contra Felipe Calderón que tienen los afines al lopezobradorismo es que las investigaciones en su contra se hayan iniciado cuando todavía era presidente, pero todo indica que esto no sucedió.
De esta manera, al menos en México no se podría hacer un juicio político contra el expresidente Felipe Calderón, pero esto no significa que el exmandatario esté lejos de poder ser sancionado por el operativo “Rápido y Furioso".
Si la investigación que presuntamente se lleva internacionalmente determina una participación directa de Calderón Hinojosa en este caso, entonces el expresidente sí tendría que responder ante instancias internacionales, tal como sucede con García Luna en Estados Unidos.
