México presentó una nueva demanda contra fabricantes de armamento en Arizona, sur de EU, por "comercio negligente" de sus equipos letales, y el tema será analizado la próxima semana en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo interamericano admitió la solicitud mexicana para que el tema se incorpore a los debates de su período ordinario de sesiones 185, que llevará a cabo una audiencia temática sobre el tráfico ilegal de armamento.
Bajo el título "Responsabilidad corporativa de empresas dedicadas a la producción y comercio de armas", del 24 de octubre al 4 de noviembre próximos se celebrarán en Washington las sesiones del sistema interamericano en formato híbrido (presencial y virtual).
Esta audiencia estará expresamente dirigida a la participación de representantes de Estados y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y acciones concretas en la lucha contra el tráfico de armas.
La finalidad de la audiencia es recibir información sobre "los desafíos y buenas prácticas respecto al tráfico ilícito de armas de fuego, regulación y determinación de responsabilidades de empresas productoras de armamento en casos que involucran violaciones a derechos humanos", confirmó la CIDH desde su sede en la capital estadounidense.
México estima que hay 13 millones de armas sin registrar en todo el país, la gran mayoría traficadas ilegalmente desde EU.
En otras palabras, el armamento en circulación alcanza para que una de cada 10 personas esté armada en una población de casi 130 millones de habitantes.
COMBATE SIN CUARTEL
La semana pasada, en una reunión encabezada en Washington por los cancilleres de México y EU -Marcelo Ebrard y Antony Binken, respectivamente-, surgió la información bilateral más reciente sobre el combate contra el comercio de armas.
La compraventa de armamento -incluido el de alto calibre como ametralladoras contra blindados-, es legal y está regulado en el territorio estadounidense.
En cambio, es ilegal al otro lado de la frontera terrestre de casi 3.200 kilómetros, donde nutre a las organizaciones del crimen organizado.
El jefe de la diplomacia mexicana dijo en el marco del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad que el trabajo conjunto permitió a las autoridades mexicanas confiscar más de 32.000 armas y 17 millones de cartuchos, "suficientes para armar un ejército".
Comparado con el balance de más de 36,000 muertes violentas registradas en territorio mexicano en 2021 -casi cien asesinatos diarios-, al cierre de septiembre de este año 2022, los homicidios dolosos se redujeron en 9,2 por ciento.
La relación causal entre armas confiscadas y reducción de crímenes resulta notable a los ojos de las autoridades.
"Esas armas no llegaron a causar letalidad en México, fueron confiscadas antes de que siguieran matando personas", enfatizó Ebrard.
DEMANDAS EN TRIBUNALES DE EU
La audiencia en la CIDH es la tercera que se celebra en el último lustro en ese espacio, dedicado a proteger los derechos humanos en el continente americano.
El organismo de la Organización de Estados Americanos auspicia desde hace cinco años las discusiones sobre los efectos negativos de la falta de regulación de las armas de fuego en los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En 2018, el organismo convocó por primera vez a una audiencia acerca de la relación con la "regulación del comercio de armas y violencia social en EU".
Los países americanos abordaron en esa ocasión el impacto que tiene el escaso control sobre el control de armas en los altos índices de violencia, cometida con esos arsenales en manos de civiles.
Un año después, en 2019, se celebró el debate más reciente en una segunda audiencia que examinó el "impacto de la violencia por armas de fuego en EU".
La CIDH planteó entonces que número creciente de personas mueren y resultan heridas por actos de violencia con este tipo de armamento accesible en el comercio ilegal que procede de las armerías en territorio estadounidense.
A TRIBUNALES DE EU
Las autoridades mexicanas contrataron prestigiosos bufetes de abogados para interponer demandas contra las armerías estadounidense, por vender armas sin control en la frontera sur.
La primera querella judicial fue presentada ante una corte de Massachusetts (noreste) contra 11 empresas fabricantes de armas en EU, acusadas por "negligencia en el comercio armamentista", que alimenta el poder de fuego del crimen organizado multinacional, de traficantes de drogas ilícitas y migrantes.
Pero el juez federal Dennis Saylor desestimó el proceso.
Una segunda demanda fue presentada a principios de este mes en contra de cinco tiendas que participan en forma sistemática en el tráfico de armas, incluyendo equipo militar, para organizaciones criminales en territorio del país latinoamericano.
Esta segunda demanda es parte de una "estrategia multifacética para detener la avalancha de armas a México", particularmente armamento de asalto de largo alcance, que según las autoridades mexicanas "equipan a grupos delictivos y provocan derramamiento de sangre en el país".
La demanda señala que las cinco tiendas se encuentran entre los vendedores de Arizona cuyas armas son recuperadas con mayor frecuencia en México.
Las empresas demandadas son: Diamondback Shooting Sports; SNG Tactical; Loan Prairie, conocida como The Hub Target Sports; Ammo A-Z, y Sprague Sports.
La demanda alega que estos vendedores participan de manera rutinaria y sistemática en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, utilizadas por organizaciones criminales en México, a través de ventas a prestanombres.
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