El Gobierno mexicano anunció que apelará la decisión en primera instancia del juez federal de la Corte de Distrito en Boston, en el estado estadounidense de Massachusetts, sobre su demanda en contra de empresas estadounidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego.
En un comunicado, la Cancillería de México refirió que esta jornada, después de señalar los argumentos del Gobierno de México, el juez decidió que las empresas demandadas gozan de la protección de la ley estadounidense y que está impedido para cuestionar la voluntad del Congreso de ese país, "aun cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática".
El juez afirmó que, "aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley".
Para el Gobierno mexicano, se trata de una decisión judicial en primera instancia sobre una acción "inédita y valerosa" que acometió para evitar que armas de fuego provenientes de Estados Unidos, muchas de ellas de alto poder, causen violencia en su país.
"El Gobierno de México apelará la decisión del juez federal y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas", subrayó la Cancillería mexicana en su comunicado.
El Gobierno mexicano demandó judicialmente en agosto del pasado año a ocho fabricantes y distribuidores estadounidenses de armas, a los que acusa de incurrir en prácticas negligentes e ilícitas que contribuyen al tráfico ilícito de armas en su territorio.
La parte demandante aspira a recibir una compensación económica por los daños derivados del tráfico de armas, así como a una modificación de las prácticas comerciales de las compañías demandadas.
México calcula que al menos medio millón de armas fluyen ilegalmente cada año desde Estados Unidos hacia las manos de los criminales al sur de la frontera entre ambos países, lo que expone al país latinoamericano a la violencia armada y disímiles crímenes.
El litigio, desestimado ahora en primera instancia, ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerado como "un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región", según destacó la Cancillería de México en el comunicado.
Procuradores estatales y fiscales estadounidenses, académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países apoyan al Gobierno de México en esta acción, por lo que éste continuará actuando para terminar con el tráfico ilícito de armas, agregó la entidad.
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