El 1 de octubre de 2024, Andrés Manuel López Obrador dejará de ser presidente de México. Tras ganar con amplio margen las elecciones de 2018, el mandatario llegó al poder con una ambiciosa agenda política que tiene aún importantes pendientes, a dos años de que termine su Administración.
Sputnik conversó con el investigador y doctor en ciencias políticas y sociales, César Pineda, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para perfilar los desafíos y oportunidades que podría dejar sin resolver López Obrador cuando entregue la banda presidencial.
Tren Maya: ¿depredación o progreso?
El Tren Maya es el proyecto insignia del Gobierno de López Obrador, defendido bajo el argumento de que consolidará el desarrollo de las poblaciones del sureste de México, históricamente vulneradas por la pobreza.
La obra turística y comercial contempla aproximadamente un recorrido de 1.500 kilómetros por zonas arqueológicas, ciudades portuarias, destinos playeros y centros clave de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
"Cambia el extractivismo tradicional de los anteriores Gobiernos neoliberales a un tipo de modelo depredador de la naturaleza, pero redistribuidor de los ingresos. El Tren Maya, de alguna manera, intenta llevar mayor derrama de riqueza: el mismo argumento de los Gobiernos neoliberales, pero a todo el sureste mexicano, que en efecto sí vive una especie de segregación y desconexión de la economía nacional y cuyo único eje es, por supuesto, el turismo", apunta Pineda.
La postura oficial es avanzar el proyecto sea como sea. Por ello, el presidente de México ha logrado sortear permisos ambientales y vencer oposiciones al proyecto, algunas legítimas y otras oportunistas, evalúa.
"La hegemonía y el consenso social que ha logrado ese proyecto anuncia, además con lo acelerado de la construcción, que la obra sí terminará dentro de este sexenio y que será entregado, con bombo y platillo, como uno de los triunfos de López Obrador. De hecho, es uno de los puntos contradictorios de su Gobierno, en el que vimos, también, su voluntad para cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), que afectaba a las comunidades campesinas del periurbano de la zona metropolitana. Ahora, en cambio, vemos esta voluntad a toda costa de construir el Tren Maya de manera acelerada", opina.
Caso Ayotzinapa: una herida abierta
La desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Ayotzinapa, concentra intereses muy distintos a los que problematizan la obra emblemática desarrollada en la Península de Yucatán, afirma Pineda.
"En el caso de Ayotzinapa vemos un entramado de continuidad del viejo régimen, es decir, grandes poderes e intereses del crimen organizado, de los partidos políticos gobernantes en el pasado, de sectores policiales y del Ejército", expone.
En días anteriores, los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que, con el uso del software Pegasus, los militares espiaron las comunicaciones de los miembros de Guerreros Unidos, entre el 24 y el 6 de octubre, por lo que tuvieron conocimiento incluso de las conversaciones en las que se ordenaba desaparecer a los jóvenes que aparentemente seguían con vida hasta el 4 de octubre.
Existe, además, un desacato de las fuerzas armadas a los hallazgos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dice el analista.
Además, asegura que hay resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a colaborar en la investigación y la impartición de justicia.
"Este Ejército es uno de los grandes poderes que se opone a que la verdad de Ayotzinapa, y sobre todo el castigo a los culpables, se realice; hoy está abierto el conflicto y no parece que López Obrador pueda ganar la batalla", apunta el doctor en ciencias políticas y sociales.
López Obrador, considera Pineda, ha puesto toda su confianza en la Comisión de la Verdad y en Alejandro Encinas, quien está obligado a entregar una investigación exhaustiva, un resultado que sí puede reconocerse como uno de los saldos positivos de la actual Administración, pese a los esfuerzos de boicot que impulsan los intereses que condujeron a la tragedia de Ayotzinapa, asegura.
Esto podría llevar a una crisis política al interior del propio Gobierno, un escenario que corresponde a López Obrador sortear mediante la negociación que evite la permanencia de un pacto de impunidad, indica el experto.
Una oposición desorientada
Los partidos de oposición al obradorismo estiman que, en 2018, sólo hubo un cambio de liderazgo político, sin identificar que en realidad se desfondó todo el sistema de partidos de México, ahora con una clara batuta en manos de López Obrador, estima Pineda.
Sin embargo, el presidente necesita de la colaboración de estas fuerzas opositoras en el Congreso de la Unión para dar salida a uno de sus proyectos más ambiciosos: una reforma electoral que pretende la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reconfiguración del poder legislativo, entre otros puntos.
"No creo que vaya a haber reconciliación, no creo que vaya a haber pacto alguno porque López Obrador parte de la premisa, para gobernar durante su sexenio, de que hay una ruptura política entre lo que él llamó el PRIAN y su propio liderazgo y las fuerzas que están apoyándole a él en su gestión", describe Pineda.
Estas fuerzas de oposición, encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), históricamente se han organizado para cerrar el paso a la izquierda institucional desde antes del triunfo de López Obrador, inclusive antes de la alternancia democrática de 2000, cuando un candidato diferente al PRI llegó a la presidencia por primera vez desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del PRI, en 1929.
Durante más de 30 años, la coordinación de facto entre el PRI y el PAN no fomentó la pluralidad política en México, sino que, por el contrario, procuró la aniquilación de las fuerzas de la izquierda, acusa Pineda, así como impedir su arribo a la presidencia, entonces a través del proyecto del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
"Bajo esa premisa, López Obrador ha gobernado durante estos cuatro años, ha intentado desarticular, debilitar, denostar, deslegitimar aún más y acelerar la descomposición de las fuerzas de derecha que hoy son minoría cada una por su lado", considera.
Degradación del Estado mexicano
Las instituciones del Estado autoritario que fundó y fomentó el PRI se degradaron en un Estado criminal, lo que torna a México en un país sin fuerzas institucionales consolidadas donde abunda la polarización y la insubordinación de partidos enfrentados entre sí, observa el politólogo.
De esta manera, los partidos políticos están habituados a utilizar cualquier herramienta, incluidas las de guerra sucia, para boicotear a sus adversarios, agrega.
Este proceso de descomposición se agudizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, presidente de México entre 2012 y 2018, con el colapso de las gubernaturas y la infiltración del crimen organizado en las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad.
"Lo que sucedió con la crisis estatal es que, en general, los gobiernos de derechas asfixiaron a todos los actores sociales, movimientos sindicales, movimientos campesinos, comunales, indígenas, estudiantiles... Los asfixiaron hasta su debilitamiento o, incluso, en muchos casos, hasta su desaparición", afirma el experto.
En el caso de movimientos de fuerza identificable, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en insurrección desde 1994, la estrategia fue aislarlo y cerrarle espacios, valora Pineda.
"Lo que sucedió entonces con estos Gobiernos de derechas es que destruyeron la incipiente sociedad civil que después de la alternancia, después de que el PRI perdiera el poder, pudiera asumir también el protagonismo social que merecía, y finalmente su forma de gobernar fue una metástasis de corrupción, de incapacidad para transformar el Estado mexicano en un Estado liberal", apunta.
La consecuencia fue una crisis institucional con "un Estado disfuncional, incapacitado, débil en algunas áreas, autoritario en otras, donde prácticamente ellos mismos provocaron su caída en 2018, con el repudio generalizado de la población, harta de vivir en prácticamente un estado de excepción".
En ese escenario de debilitamiento de la participación popular, el presidente López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), son la única fuerza política reconocida por una parte de la población y el único liderazgo vivo después de la crisis que generaron los desastres económicos, políticos, humanitarios que produjo el periodo neoliberal, considera Pineda.
No obstante, de los pendientes significativos de los últimos dos años de Gobierno de López Obrador, el especialista considera que Morena logrará convocar a las urnas a una parte significativa de la sociedad mexicana con la suficiente eficacia para garantizarse continuidad, pese a que haya grupos decepcionados que se abstendrían de la participación.
"Por ser otra vez el mal menor, el menos malo, por no tener alternativas, porque las alternativas de retorno del Partido Revolucionario Institucional y, en especial del Partido Acción Nacional, que es el que tendría más oportunidades de regresar al poder, hoy parecen simplemente no ser alternativas viables, sino alternativas que profundizarían el desastre en el que dejaron el país", pondera.
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