La representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este sábado la muerte de una menor de cuatro años por "uso de la fuerza letal" de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, noreste de México, fronteriza con EU.
La representación del organismo "condena enérgicamente la privación arbitraria de la vida de Heidi, niña de cuatro años, ocurrida el miércoles 31 de agosto de 2022 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cual habría sido consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)".
La tragedia habría sido resultado del impacto de, al menos, un proyectil de arma de fuego cuando la niña "iba en compañía de una familiar, que también habría resultado herida, y de su hermano de siete años", dice un comunicado de la instancia de la ONU.
Ejército Mexicano implicado en el asesinato de una niña de 4 años en Tamaulipas .... Heidi murió la noche del miércoles tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
— Hamlet.... No dejes de luchar por tus sueños . (@JG181407) September 3, 2022
Por eso el Ejército Mexicano debe ir a los cuarteles, no es para hacer la función de policías.
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"El uso de la fuerza letal desplegada en este caso es contrario a estándares internacionales de derechos humanos", dijo en una declaración escrita Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de Acnudh.
El organismo señala que este caso lamentable ratifica tres advertencias que ha hecho en otras ocasiones: en primer lugar, "el anunciado riesgo que entraña la participación militar en tareas de seguridad ciudadana".
En segundo lugar, señala "la importancia de fortalecer e implementar controles civiles sobre las Fuerzas Armadas"; y en tercero, "que consolidar la participación de las fuerzas armadas en funciones civiles que le son impropias, debilita la democracia" y es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
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El organismo que durante cuatro años fue encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hasta el 31 de agosto recién pasado, urge a las autoridades a iniciar una investigación "civil, independiente, pronta y diligente, que incorpore estándares internacionales de derechos humanos, con pleno respeto del interés superior de la niñez", de conformidad con las convenciones internacionales.
El posicionamiento exige además que la investigación "debe identificar a los responsables directos "así como las responsabilidades en la cadena de mando".
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