En México, el sistema de justicia penal acusatorio entró en vigor desde el 2015 y trajo consigo varias reformas no solamente para los adultos, sino también para los menores de edad infractores, que cada vez son detenidos con mayor frecuencia.
De manera hemerográfica, es común ver casos de adolescentes detenidos por robo a negocio, robo a casa habitación, robo de vehículo, asalto a transeúnte, asalto a transporte público y, en el menor de los casos, por homicidio o secuestro.
Pero, ¿qué pasa cuando estos menores de edad son detenidos?, ¿se aplica la misma legislación y las mismas penas que a los adultos?, ¿siguen su proceso en libertad o dentro de una cárcel? Son parte de las dudas que genera el proceso penal en contra de los menores infractores.
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En una revisión hecha por Imagen Poblana al Código Penal del Estado de Puebla, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede ver que el proceso penal actual prioriza el acuerdo en los delitos considerados como no graves, que pueden ser el robo, lesiones u otros de esa misma índole.
Esto quiere decir que tanto adultos como menores de edad que sean detenidos por robos o asaltos, muy probablemente lograrán seguir su proceso en libertad, especialmente cuando no son reincidentes o no tienen alguna medida cautelar que les permita estar en libertad condicional.
La suspensión condicional del proceso para los menores suele ser un poco más sencilla y es que de por sí la pena en caso de sentencia para un menor de edad es menor, hasta en un 50 por ciento que para un adulto, en la mayoría de los delitos, de ahí que muchos grupos delictivos decidan reclutar a niños o adolescentes.
Pero cuando se trata de un menor de edad detenido por homicidio e incluso secuestro, como ya se han documentado casos en Puebla, el proceso penal necesariamente tendrá que ser llevado en prisión, situación que aplica no solamente para los menores sino también para los adultos.
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Esto busca despresurizar el número de internos en los centros penitenciarios y que los procesos penales se lleven de forma más ágil, a través de la reparación del daño moral o material en la comisión de un delito.
Si un menor en Puebla es detenido por homicidio, al ser puesto a disposición de un juez de control especializado en justicia para adolescentes, este deberá de imponerle necesariamente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que así lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto derivará en el inmediato internamiento del menor infractor en el Centro de Internamiento Especializado Para Adolescentes (Ciepa), que en los últimos dos años fue habilitado como hospital Covid para parte de la población penitenciaria.
A diferencia de las prisiones para adultos, el Ciepa no tiene una sobrepoblación abrumante, ya que en contraste con otros estados, los menores detenidos por delitos de alto impacto son pocos.
