Desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar a juicio y posiblemente a la cárcel a expresidentes de México, propuesta que hasta el momento se ha quedado en el discurso del mandatario.
Este viernes, Bolivia le puso el ejemplo a México en cuanto a impartición de justicia contra expresidentes que pudieron cometer algún delito en su periodo, pues fue condenada a 10 años de prisión la exmandataria boliviana Jeanine Áñez, tras habérsele encontrado culpable de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
De acuerdo con la justicia boliviana, estos actos fueron cometidos tras asumir la presidencia interina de Bolivia en 2019, luego de ser obligado a renunciar Evo Morales, algo que fue considerado un “golpe de estado”.
Condenan a 10 años de prisión a Jeanine Añez por golpe de estado en Bolivia https://t.co/60o4OpdWOE
— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) June 11, 2022
Más allá de si la condena contra la expresidenta boliviana es justa o no y si se trata de un tema meramente político, se debe tomar en cuenta que en aquel país se actuó sin pretextos contra los presuntos delitos cometidos por Jeanine Áñez.
Mientras tanto en México, el presidente ha tratado de lavarse las manos respecto a su “compromiso” de enjuiciar a los expresidentes, convocando incluso a una inútil consulta ciudadana para determinar si se procesaba o no a los exmandatarios.
Esto fue noticia mundial, pues México se colocó como el único país donde se abría una consulta ciudadana para decidir algo que por ley se debería llevar a cabo, pues si hay bases para llevar a juicio a algún expresidente, esto se debe de hacer sin ninguna consulta.
Sobra decir que este ejercicio promovido desde la Federación fue un fracaso absoluto, lo que también ha ayudado a que el presidente López Obrador no toque nuevamente el tema y hasta diga que respeta al expresidente Enrique Peña Nieto.
Esta falta de acción penal contra los expresidentes mexicanos también deja de manifiesto que la Federación no cuenta con pruebas para procesar a estos exmandatarios, por lo que no habrá en un futuro cercano un juicio a algún expresidente de México.
Por este motivo, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa pueden caminar todavía libremente por el mundo, pues nadie presenta elementos para que sean llevados a juicio como prometió el presidente López Obrador en campaña.