Las autoridades mexicanas rescindieron la oportunidad de aparcar en territorio mexicano un avión antinarcóticos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El avión con el que Estados Unidos participó en la captura de Joaquín “el Chapo” Guzmán ya no podrá estar más en México.
De acuerdo con información de la agencia Reuters, la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de retirar dicha aeronave del Aeropuerto de Toluca, donde permanecía estacionado para cualquier eventualidad que pudiera surgir en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
La decisión del Gobierno mexicano confirma que los términos de cooperación bilateral entre ambos países han cambiado. López Obrador ha dicho en varias ocasiones que su país ya no necesita recibir armas para luchar contra el narcotráfico. En cambio, ha optado por una relación cuyo foco esté centrado en controlar los flujos migratorios y mitigar el tráfico de armas.
La aeronave de la DEA, con la que también Washington participó en diferentes misiones en Centroamérica, está actualmente en Texas, según fuentes consultadas por Reuters.
Desde principios de la década de 1990, la DEA tenía aparcada su aeronave en Toluca.
El avión fue operado en operaciones contra cárteles en México para el traslado de agentes estadounidense y unidades mexicanas de élite, así como para conducir operaciones de supervisión.
En abril pasado, México confirmó que había desmantelado una unidad especial antinarcóticos de la DEA para recuperar la autonomía política del país ante agencias estadounidenses y otros actores internacionales, como la Unión Europea.
En 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México ordenó al Gobierno de Estados Unidos solicitudes por escrito de cualquier plan de vuelo con dos semanas de antelación, lo que a criterio de la DEA hacía ineficaces varias misiones por sus necesidades de operar de manera rápida y flexible.
De acuerdo con el periodista y académico Oswaldo Zavala, la lucha contra las drogas de la DEA no es sino un discurso con el que se recubre la política económica y militar con que Estados Unidos se apodera de territorios clave en la región latinoamericana.
Desde que tomó posesión de la presidencia, López Obrador ha impulsado una política que responsabilice más a Estados Unidos de la violencia criminal que vive México desde hace décadas, en muchísimos casos a causa de armas de fuego fabricadas por firmas estadounidenses, además de criterios intervencionistas directos, como la Iniciativa Mérida o el programa Rápido y Furioso.
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