Elección “ciudadana” de consejeros INE, un riesgo para la democracia

Elección “ciudadana” de consejeros INE, un riesgo para la democracia

Foto: Enfoque

Como se esperaba, el fracaso que resultó la consulta de revocación de mandato ha provocado una nueva embestida del Gobierno Federal contra el Instituto Nacional Electoral (INE), pese a la buena labor que hizo en este ejercicio democrático.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se envió a la Cámara de Diputados una propuesta para que los consejeros del INE sean electos mediante el voto popular, es decir, como se eligen a diputados, alcaldes y gobernadores.

 

 

El principal argumento que manejó el mandatario es la necesidad de limpiar al INE y evitar de manera definitiva que se cometan fraudes electorales, acción que ha acusado constantemente el mandatario cuando los resultados no le favorecen.

 

No obstante, el hacer una elección abierta a la sociedad de los consejeros electorales pone en riesgo la democracia de México, pues habría una intromisión directa de personajes afines a algún partido político.

 

Aunque la opción de que la sociedad elija a los consejeros electorales parece buena, el problema radica en los intereses que tenga cada aspirante y en que se pudieran presentar candidatos mandados directamente del Gobierno o de algún partido político.

 

Dado que gran parte de los mexicanos mantiene cierto respaldo a López Obrador, el presidente podría proponer indirectamente a un consejero, que tendría la gran opción de ganar y llegar a defender los intereses del mandatario en el INE.

 

Esto sería un golpe mortal al trabajo que por años ha llevado a cabo el INE, que se ha desprendido del Gobierno Federal desde hace ya bastante tiempo, pues cabe recordar que antes el consejero presidente era el mismo secretario de Gobernación.

 

 

La elección de los consejeros se da por un comité técnico integrado por siete personas de reconocido prestigio mandados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

 

Si es que se aprueba esta propuesta del presidente, el INE corre el latente riesgo de ser un ente imparcial y estaría probablemente subyugado a los intereses del Gobierno Federal.

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