Una nueva iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador ha levantado controversia debido a que se pretende controlar las compras y finanzas públicas del país a través de una sola dependencia de Gobierno.
Con el fin de combatir actos de corrupción, México quiere quitarle funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para transferírselas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De manera general, eso es lo que busca la nueva iniciativa con proyecto de decreto impulsada desde la Presidencia de la República para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Cámara de Diputados recibió esta propuesta presidencial el 26 de abril, en medio de fuertes tensiones entre los legisladores de oposición y el mandatario López Obrador, cuya reforma eléctrica no obtuvo la mayoría suficiente para ser aprobada en días pasados.
Una revolución a gran escala
El Gobierno obradorista busca transformar la Administración Pública de México en varios sentidos.
En caso de que los legisladores aprueben las modificaciones a la ley, se lograría que la Secretaría de la Función Pública (SFP) concentre la coordinación y conducción de las unidades de Administración y Finanzas de todo el Gobierno, con excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De este modo, el organismo dirigido por Roberto Salcedo podrá llevar a cabo las compras consolidadas de bienes y contrataciones de servicios para la Administración Pública Federal.
De acuerdo con el documento que contiene la iniciativa, López Obrador busca centralizar la política general de la contratación pública en la Secretaría de la Función Pública (SFP), una dependencia muy joven si se compara con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que opera en México desde finales del siglo XIX. En cambio, la SFP fue creada en 1982.
Las voces de oposición no se hicieron esperar. Mario di Constanzo, exdirector de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), calificó la iniciativa obradorista como "una ocurrencia".
Expertos en materia legislativa señalaron que López Obrador se equivocó al haber querido "centralizar" buena parte de la Administración Pública en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Román Cifuentes, criticó que el Gobierno de López Obrador pretenda ser "juez y parte" en la tarea de administrar las finanzas y compras del país. Además, recordó el hecho de que el presidente mexicano tiene un favoritismo hacia las fuerzas armadas de México.
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