Luego del fracaso que resultó para el presidente Andrés Manuel López Obrador el intento de aprobación de la Reforma Eléctrica, los ojos del mandatario apuntan hacia una nueva reforma para proteger el litio, conocido también como el “oro blanco”.
La explotación del litio y la cantidad de este mineral que hay en México genera en estos momentos más dudas que certezas, pues aunque es claro que se necesita regular su explotación, el proyecto del presidente puede provocar más problemas que beneficios.
En 2018, la empresa Bacanora Lithium PCL descubrió más de 243 toneladas de litio en Sonora, lo que pone a México como el país con la reserva más grande de este mineral en el mundo entero, por arriba de Bolivia.
Sin embargo, la Federación descartó que esa cantidad de litio exista en México, argumentando que parte de esas toneladas corresponden a arcilla y no al preciado mineral; no obstante, el Gobierno Federal comenzó a buscar la manera de controlar el litio.
Según estimaciones de especialistas, la cantidad de litio que se tiene en México alcanzaría para surtir al mundo entero de baterías eléctricas para vehículos por los próximos 10 años, por lo que cobran mayor importancia las reservas de este mineral.
Si bien es cierto que el Gobierno Mexicano debe intervenir para que la explotación de este recurso deje beneficios a nuestro país, todo indica que el actuar de la Federación tendría el mismo enfoque que se tuvo con la Reforma Eléctrica.
Y es que México estaría buscando el asesoramiento de Bolivia, país que no permite la inversión extranjera en la explotación del litio, lo que no permite que esta nación concrete la extracción del material.
Caso contrario se ve en Argentina y Chile, que se han posicionado en el grupo de países productores de litio gracias al respaldo de la inversión extranjera.
Si la Federación decide evitar la intervención de la inversión extranjera, el litio que tiene México no podría ser extraído, pues nuestro país no cuenta con los medios para llevar a cabo este trabajo.
Algo que debería preocupar más, es que la idea del Gobierno Federal apunta a darle todo el control a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), error que se cometió con la Reforma Eléctrica y ahora quiere repetirse con el litio.
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