Todo se reduce a lo mismo. El poderoso quiere quedarse con el mundo. Y el pequeño con el parque vecino. Afuera está la guerra y aquí, el abuso de los espacios públicos ha llevado a una privatización ilegal apoyada en parte por las autoridades. El ciudadano común, dueño de esos espacios, no solo es restringido en su derecho sino que termina pagando por el disfrute exclusivo. En México se da en todas las ciudades independientemente de su tamaño. Una cosa que parece tan sencilla como los espacios públicos, se convierte en uno de los estratos más complejos y farragosos en su definición. Pero si partimos de que son espacios abiertos a todo ciudadano, solo tendríamos que incluir las limitaciones que cada lugar tiene. Por ejemplo, no usar vehículos en las banquetas o no instalarse en forma permanente en un espacio que es de todos. Pero las prohibiciones son letra muerta e invaden otro sector, el de la seguridad. En la CDMX transitan bicicletas y hasta carritos de comida por las banquetas sin que las autoridades de las alcaldías intervengan para frenar algo que tiende a aumentar e implica riesgo. El uso de banquetas permitido por esas alcaldías para instalaciones de comidas no solo obstruye el espacio del peatón que a veces es orillado a descender a la calle, aparte está el peligro en el manejo de negocios con tanques de gas y cocinas encendidas. El argumento es la necesidad del sustento. Pero muchos son negocios instalados y reproducidos en varias alcaldías. Hay uso además de recursos públicos como el agua y la luz, lo que redistribuye el gasto en el resto de la ciudadanía.
Muchas leyes para definir un concepto que tiene finalidad social
Los espacios públicos son los países con sus soberanías. Pertenecen a todos sus integrantes y están en las constituciones. En las leyes orgánicas tienen una dimensión democrática y social, no solo porque permiten la convivencia y el intercambio, sino porque generan un espíritu comunitario de pertenencia en un lugar que es de todos. Las teorías que abordan el concepto han definido la importancia de que esos espacios se amplíen y se defiendan ante el reduccionismo en que caen las ciudades y van absorbiendo parques y otros espacios en los que convive la gente. Las muchas leyes que definían y en algunos lugares todavía definen esos espacios, eran y son de todos los niveles de gobierno en leyes federales, locales y en reglamentos. El pasado 25 de enero, la Secretaría de Gobernación expidió una norma oficial que describe los espacios y los regula. La norma, que es responsabilidad de Sedatu en su aplicación, describe los tipos y lugares, incluso los de riveras marítimas. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México de mayo de 2018, garantiza en el artículo 20 fracciones XVII y XVIII, el acceso a los espacios públicos, su no enajenación ni el dar concesiones en forma alguna. Además, privilegia su creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce y defensa. Todo en parte es letra muerta; si vemos lo que ocurre en Polanco, en la Condesa y otros lugares, agarrados de banquetas y parte de calles, para negocios privados; lo esencial del comportamiento ciudadano no lo describen las leyes. El idealismo del lugar público se estrella frente al agandalle de quienes buscan apoderarse de lo ajeno. Y tampoco alertan sobre los efectos que puede haber cuando un espacio público es utilizado para abuso de autoridad o la comisión de un delito.
Sandra Cuevas y la comisión de delitos en espacios públicos
Volvemos a un mundo exterior cuyas historias se nutren de invasiones, robos de tierras y de saqueos de recursos. Una guerra está en marcha en este momento, porque atrás está el plan de apoderase de espacios. Reflejado el ejemplo en ciudades y barrios, en estos deberían de aplicarse normas universales incluso de legítima defensa, único mecanismo en el que la ley autoriza la violencia. La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, utilizó en una diferencia breve de tiempo dos espacios públicos para violar la ley. Uno, organizando una manifestación que defendiera sus posiciones, en contra de grupos que querían ocupar ese espacio para dar a conocer inconformidades; en ese acto, en el que negó a un sector el derecho al uso de un espacio público, fue donde tiró pelotas que tenían en sus entornos billetes de dinero. Después, en un acto grotesco por su violencia y brutalidad, causó, auxiliada por empleados, heridas que tardan en sanar más de 15 días; insultó y denostó con amenazas graves. La pregunta que surge es si aparte del dolo al cometer delitos e irregularidades, éstos se agravan independientemente de los actos cometidos, por haberlo hecho en espacios públicos. Si es así, la panista hoy todavía en indicio debe ser juzgada desde varios frentes. Y lo mismo debe hacerse con los que se apoderan a mansalva de los espacios de todos.
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