La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la "normalización y profundización" de la violencia contra periodistas en México.
El organismo interamericano llama a las autoridades mexicanas "a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, y les urge a tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa".
En las primeras diez semanas del año 2022, la relatoría especial recibió al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística.
En 2021, la relatoría sobre libertad expresión de la CIDH registró al menos diez crímenes contra periodistas en México.
El organismo recibió información sobre "recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales".
El balance a observa con particular preocupación "el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática".
Las autoridades mexicanas informaron de un plan de creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y una propuesta de Ley General -que requiere de ajuste constitucional previo- para atender el fenómeno de violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos desde una visión de Estado.
La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado unos 60 millones de dólares al mecanismo para la protección vigente; y ha suscrito convenios de colaboración con diversas autoridades locales.
La vocería de la Presidencia de la República envió al organismo interamericano una comunicación indicando que el Gobierno federal "condena cualquier acto de violencia en contra de las personas que ejercen la profesión de periodistas".
Además, exige que se adelanten las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y se sancione a las personas responsables, y "reconoce que la violencia contra la prensa también es una afrenta a la sociedad", y destaca "la obligación del Estado frente a la libertad de expresión y el pluralismo".
Recursos ineficaces y estigmatización
"En un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa, la relatoría de la CIDH considera, en primer lugar, los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección vigente no han sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas", responde la relatoría al Gobierno.
En segundo lugar, indica que los esfuerzos mencionados sobre el sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios "están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación".
La tercera observación indica que "los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación".
La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa "inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento", cuestiona la relatoría.
El informe de la instancia hemisférica lamenta que los esfuerzos institucionales actuales "se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México".
La relatoría llama a las autoridades mexicanas a "reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra", debido a que observa una "fragilidad en las garantías a la libertad de expresión" en el país latinoamericano.
Finalmente, el documento del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos invita a las autoridades a que reciban este mensaje como muestra de un "genuino compromiso de la comunidad internacional" para contribuir al cese de la violencia contra la prensa como un objetivo común, termina el texto.
.gif)