Recuperar un inmueble asegurado, tan tardado como cerrar una investigación

El aseguramiento de un inmueble por parte de la Fiscalía General del Estado puede convertirse en una pesadilla para los propietarios, quienes podrían esperar varios años hasta que se cierre el caso y se autorice su devolución.

Apenas esta semana la Fiscalía General del Estado cateo cinco locales comerciales de una cadena de pizzas en el municipio de Atlixco, donde aseguró videos de cámaras de seguridad, motocicletas y los mismos inmuebles.

El aseguramiento se hizo como parte de la investigación por el multihomicidio de 10 personas que ocurrió la madrugada del 9 de marzo en Atlixco, hecho por el cual también se aseguró una vecindad donde ocurrió la ejecución de las víctimas y en donde presuntamente se vendían drogas.

Imagen Poblana confirmó que los establecimientos comerciales y la vecindad ya citadas, eran ocupados bajo un esquema de arrendamiento, es decir, ninguna de las partes involucradas era dueña del inmueble y solo pagaban renta para poder ocuparlos.

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado explicaron que el aseguramiento de un inmueble se hace para preservar los indicios y la escena de un evento criminal, que en el caso de Atlixco tiene que ver un homicidio múltiple.

“Los locales se tienen que quedar resguardados porque en el cateo se aseguraron indicios que podrían estar relacionados con la investigación en curso, es algo de protocolo que se realiza siempre y ya la devolución corresponde al área administrativa”, explicó la fuente consultada.

La devolución del inmueble puede llevar meses e incluso años, todo dependiendo de la gravedad de los acontecimientos que ahí ocurrieron y del número de pruebas periciales que se necesiten en el curso de la investigación.

Por ejemplo, en junio del año pasado se autorizó la devolución de un departamento en San Andrés Cholula donde vivía Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, una joven que en mayo de 2018 fue hallada sin vida dentro de ese lugar.

La orden de devolución se dio en mayo, es decir, tres años después del hecho; sin embargo, los dueños tuvieron que esperar un mes más para recuperar su propiedad debido a que la Fiscalía hizo nuevos peritajes antes de poder entregar la propiedad.

En ese caso ocurrió lo mismo que ahora pasa en Atlixco. Las personas involucradas o víctimas del crimen no eran dueños del predio, por lo que el dueño, que no tuvo ninguna participación, deberá de empezar el camino para que dentro de unos años le liberen la posesión del espacio donde asesinaron a sus inquilinos.

En el asunto de Zyanya no había demasiados indicios, pues el caso originalmente estableció que la joven se suicidó. Pero en los hechos ocurridos en Atlixco, la autoridad recolectó indicios balísticos, celulares, drogas, ADN de restos hemáticos y hasta drogas, pues presuntamente ahí se vendían estupefacientes.

Inmuebles sujetos a robo y vandalismo

Por lo que hace a los locales comerciales la suerte podría ser la misma, porque si bien ahí no ocurrieron los hechos, la Fiscalía sí aseguró del interior indicios que podrían estar relacionados con los presuntos responsables.

La investigación, según indicaron fuentes ministeriales, no involucraría a los dueños del negocio ni a los dueños del local, pero la colocación de sellos le impide a los administradores de los restaurantes operar, o al dueño tomar posesión del lugar.

Presuntamente, algunos repartidores que trabajaban para la cadena de pizzerías podrían estar relacionados con la venta de drogas; no obstante, la autoridad ministerial ha conducido con extremo sigilo las indagatorias.

Algunos de los locales asegurados por la Fiscalía tuvieron que ser abiertos a la fuerza, para lo cual los agentes rompieron chapas, vidrios y puertas para poder entrar a hacer las diligencias, según se ha exhibido en fotos por redes sociales.

La cadena de custodia por la colocación de sellos de parte de la Fiscalía implica que la autoridad también está obligada a vigilar los lugares, para evitar que alguien pueda entrar y alterar la escena.

Sin embargo, la falta de personal impide la vigilancia permanente que establece la ley, por lo que en más de un caso los inmuebles asegurados por la FGE suelen ser víctimas de robo.

Uno de los casos más mediatizados fue el del restaurante bar Remolqueland ubicado en Huexotitla, donde en septiembre de 2017 asesinaron a un mesero y a la encargada del lugar, por lo que el sitio quedó completamente asegurado por la autoridad ministerial.

Pero apenas un mes después varias personas aprovecharon la ausencia de vigilancia para romper los sellos, entrar y apoderarse de pantallas, mobiliario, y tres remolques de comida, situación que en su momento fue denunciada por el dueño del establecimiento.