Atentar contra los derechos humanos se ha convertido en una práctica recurrente en México por parte de diversos personajes, la gran mayoría con un coto de poder que le permite pisotear la integridad de las personas.
En este escenario, las comisiones de Derechos Humanos, a nivel local y federal, tienen la obligación de actuar en temas donde se ponga en juego la integridad de poblanos y mexicanos, algo que no sucede en estos momentos.
Ejemplo claro de esto es lo que sucede en Puebla con la Comisión de Derechos Humanos (CDH), a cargo de José Félix Cerezo, que ha presentado un trabajo gris por varios años, sin que se note una defensa clara en casos importantes para los poblanos.
Con la finalidad de ganar notoriedad, la CDH en Puebla se ha subido a la discusión del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), promoviendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra este impuesto.
Lo que busca la CDH es echar atrás la aprobación que dio el Congreso de Puebla para que algunos municipios puedan hacer este cobro, afirmando que va en contra de los derechos humanos.
Por principio de cuentas cabe cuestionar dónde estaba la CDH años atrás, pues este impuesto siempre se ha cobrado y jamás presentó este organismo algún recurso de inconstitucionalidad.
Ahora que el tema es mediático, parece que la CDH busca justificar un poco su gris desempeño colgándose de un tema que no se puede tomar como un ataque directo contra los derechos humanos de los poblanos.
Lo más criticable es que en Puebla hay asuntos más importantes y más urgentes que atender en materia de derechos humanos, pero al no ser mediáticos o ser muy polémicos, la CDH prefiere hacer mutis.
Resultaría entonces pertinente que la CDH se pronuncie de inmediato por casos como el del “bebé Tadeo” o los feminicidios que se están presentando, mostrando real preocupación en la defensa de los derechos humanos.
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