Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, respaldó la propuesta de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, de posponer la revocación de mandato hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome una decisión al respecto, pues el recurso con el que cuenta el organismo electoral es insuficiente.
Según informa El Universal, Ángel Ávila considera que la situación del INE respecto de la revocación de mandato es un “riesgo y burla para la ciudadanía” y acuso que Morena quiere hacer una consulta similar a la que se organizó cuando se decidió suspender la edificación del Aeropuerto de Texcoco.
Al respecto, dijo: “Nosotros apoyamos la propuesta que hace el consejero presidente al Consejo General; en el sentido de que mientras no se tengan las condiciones materiales, sería un grave riesgo para el derecho de la ciudadanía. Es el capricho de López Obrador que pretende manipular al INE”.
Por ello, Ávila apeló a la SCJN a fin de que resuelva el caso que promovió el INE ante la falta de recursos económicos. “Hoy debe haber corresponsabilidad de la Suprema Corte para que el INE garantice un ejercicio con independencia y autonomía”, aseguró.
Además calificó a Morena como unos tramposos a la ley, ya que pretenden convencer a la gente sobre un proceso de “ratificación de mandato”. “Dejen de estar haciendo trampa en el tema de la recolección de las firmas”, reclamó Ávila.
Por su parte, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, secundó la opinión de Ávila y exigió a Eurípides Flores, representante de Morena, que explique a los ciudadanos qué es “revocación de mandato” y “ratificación de mandato”, pues opina que dicho partido le miente a la gente “de manera permanente”.
En tanto que Eurípides Flores acusó de “soberbia” a los consejeros del INE pues afirmó que solo quieren dinero y no “organizar este histórico proceso” y en nombre de la democracia llamó a los señalados a desterrar el conservadurismo en dicho instituto.
Hoy, el Consejo General del INE discute y vota un proyecto en el cual se propone retrasar las actividades de la revocación de mandato por falta de recursos económicos hasta que la SCJN resuelva la controversia constitucional promovida.
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