Los corralones en Puebla causan desprecio y encono para aquellos que han tenido que recuperar un vehículo de estos lugares, así como pavor para aquellos que no han pasado por esta experiencia y por nada del mundo desearían hacerlo.
Su miedo está bien fundado. La burocracia y abusos en los corralones les han creado una mala fama que basada en que ningún vehículo está seguro en estos sitios de "resguardo", pues cualquier unidad corre el riesgo de ser desvalijada o dañada sin que nadie responda por ello.
Esto también tiene un dejo de responsabilidad para ciertos funcionarios, quienes lejos de sancionar a los abusivos dueños de los corralones, muchas veces operan en complicidad con ellos para hacer más tortuoso –y costoso– el proceso de recuperación para los dueños de un vehículo.
Por ese motivo, Imagen Poblana te proporciona el procedimiento legal y correcto que debes seguir para recuperar una unidad de un corralón; sin embargo, las reglas pueden sufrir alteraciones en la vida real, por la corrupción que los rodea.
Lo primero que debes hacer es acudir ante la autoridad que ordenó el encierro del vehículo, puede ser policía municipal, estatal, vialidad o tránsito, la policía ministerial, e incluso una autoridad federal como el Ejército o la Marina.
En los hechos de tránsito, será una autoridad del fuero común como vialidad o tránsito, quien se haga cargo de ordenar un eventual encierro del vehículo, ya sea por un choque o un atropellamiento.
Pero cuando la unidad se ve involucrada en un hecho delictivo, o cuenta con reporte de robo, el aseguramiento podría ser ordenado por una autoridad local o federal atendiendo la naturaleza del delito; por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, cuando pueda estar involucrado con algún homicidio.
En casos de homicidio o delitos de alto impacto, el proceso de recuperación de un vehículo podría ser más largo y extenderse incluso por años, por lo que no nos enfocaremos en estas situaciones.
En casos que podrían parecer simples, como encierros por hechos viales, la liberación deberá de ser ordenada por el área de vialidad que haya atendido el incidente.
La autoridad deberá entregar al dueño del vehículo a recuperar una orden de liberación, la cual se otorga únicamente cuando el propietario acreditó la propiedad de la unidad y cumplió con todos los requisitos o reparo los daños que causó, y por los cuales se aseguró el vehículo.
Por ejemplo, si la unidad chocó y el dueño no tenía seguro y no podía pagar los daños, su unidad terminará en el corralón y recibirá la orden de liberación cuando haya pagado las averías causadas, o si atropelló a alguien, la recibirá cuando haya pagado los gastos médicos o funerarios de la víctima.
Cómo la mayoría de los hechos de tránsito son culposos, en casi todos se prioriza la reparación de los daños o el acuerdo entre las partes, por lo que de esto dependerá que la autoridad otorgue la orden de liberación.
Una vez que se tiene la orden viene el segundo paso, que podría ser donde empieza la verdadera corrupción, pues el dueño del vehículo quedará a expensas de los dueños del corralón, ya que la orden no garantiza la liberación inmediata de la unidad.
Además de presentar el documento de liberación, el dueño deberá de pagar los derechos de piso y arrastre. De estos no existe un tabulador y los costos están a merced de los dueños del lugar de encierro, quienes generalmente cobran por día y evento.
Es decir, el dueño tendrá que pagar por el arrastre de la grúa –que tampoco tiene un tabulador– y cuyos costos van de los 3,000 hasta los 30,000 pesos, según la distancia desde el sitio donde se aseguró el vehículo hasta el lugar del encierro.
Ese pago es por un solo evento, pero también se debe de cubrir el gasto por derecho de piso, es decir la tarifa que tiene el corralón por cada día que la unidad está en su predio, el cual podría alcanzar hasta los tres mil pesos por día.
Esto quiere decir que basándose en esos precios, un usuario podría pagar por lo menos 11,000 pesos por liberar un vehículo que ha estado en el corralón ocho días, pero eso en el mejor de los casos.
Periodísticamente se han documentado casos en los que los dueños de los vehículos han tenido que cubrir gastos hasta por 100,000 pesos por dos semanas de encierro.
Esto provoca que muchas veces, los dueños de los vehículos hagan una valoración increíble y opten por mejor abandonar sus automóviles, pues les resulta más caro liberarlo que adquirir uno similar.
El pago de los derechos de piso tampoco garantiza que tu vehículo sea devuelto en las mismas condiciones en las que ingresó, pues además los corralones no responden por daños o robo, situación por la cual se han ganado una bien merecida mala fama.
