INE va contra recorte presupuestal y presenta controversia ante SCJN

Con el argumento de que el recorte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF 2022) careció de motivación, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La reducción de recursos fue de 4,913 millones de pesos.

De acuerdo con el INE, la reducción de su presupuesto impide el ejercicio pleno de la autoridad electoral, sobre todo la organización del proceso de revocación de mandato, cuyo monto está calculado 3,830 millones de pesos, cantidad que fue solicitada presupuestalmente a la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, el INE refirió: “Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”.

Además, la elaboración del presupuesto para 2022 incluyó un monto precautorio, tanto para organizar la revocación de mandato como de una nueva consulta popular, atendiendo a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió respecto de otra controversia constitucional que el INE promovió sobre la convocatoria a la consulta que se efectuó en 2021, y que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para el desarrollo de estos ejercicios.

Pero al no recibir los recursos por el Legislativo, sino que se aplicó un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal, el INE promovió la denuncia ante la Suprema Corte, a fin de que ordene a la Cámara de Diputados proveer al organismo electoral los recursos necesarios para cumplimentar sus tareas.

En este sentido el INE argumenta que el recorte presupuestal viola sus garantías institucionales y con ello el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía.

Por último, el INE “reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana. Asimismo, manifiesta su confianza en las instituciones de justicia de este país y subraya que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza”.