Se acerca el momento de la discusión del aumento al salario mínimo que estará vigente en 2022 y presentamos las proyecciones del Observatorio Internacional de Salarios Dignos (OISAD) que serán entregadas a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).
Desde 2019, la política salarial que ha implementado el actual gobierno logró recuperar el poder adquisitivo a un nivel no visto en 40 años; no obstante, la brecha entre el nivel actual y el de 1976, el más alto registrado, sigue siendo considerable. Recordemos que durante el periodo neoliberal (1980-2018) los salarios perdieron más de tres cuartas partes del poder de compra y con ello la clase trabajadora se sumió en condiciones de miseria sólo comparables con el porfiriato.
El argumento neoliberal para hundir los salarios reales señalaba que era una medida eficaz para contener la inflación; en su momento dijeron que los aumentos salariales de la 4T serían inflacionarios. Diversos estudios provenientes de la Economía Crítica demostraron lo contrario y permitieron que la recuperación salarial fuera una realidad. Hoy además sabemos que los gobiernos corruptos en franca complicidad con la oligarquía apátrida usaron los fundamentos del neoliberalismo para mantener al pueblo hambreado.
Este año es particularmente difícil porque la inflación (el aumento generalizado y sostenido de precios) es un fenómeno que está acechando a todo el mundo, incluidas las economías desarrolladas. En columnas pasadas (https://acortar.link/aM7ont) explicamos que la inflación mundial actual se debe a un shock de demanda: después del confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, la demanda ha crecido más rápido que la oferta, por lo que hay una escasez de materias primas y eso presiona al alza el precio de las mercancías.
Sin embargo, esto no debe ser motivo para detener la política salarial de aumentos extraordinarios, al contrario, es necesario proteger los intereses de la clase trabajadora y salvaguardar su nivel de consumo. Un indicador significativo es el índice de la tendencia laboral de la pobreza, que mide el porcentaje de hogares cuyo ingreso por trabajo no les es suficiente para comprar alimentos. Este índice disminuyó de 2018 a 2019, pero con la pandemia la tendencia se revirtió. En el segundo trimestre de 2021 llegó a 1.25 y con la recuperación económica ha ido disminuyendo, pero la inflación del tercer trimestre de 2021 volvió a disparar la pobreza, como se observa en la gráfica 1.
El día de ayer, el INEGI informó que durante la primera quincena de noviembre la inflación anual se ubicó en 7.05%, el mayor aumento lo tuvieron los energéticos (15.25%) por lo que podemos seguir afirmando que se trata de presiones externas a la economía nacional. Ayer mismo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden instó a la Agencia de Protección al Consumidor (FTC) a vigilar el comportamiento de las empresas petroleras y gasíferas con respecto al aumento desmedido de precios que ya provocó en ese país la inflación más alta en 30 años.
Elaborado con datos de CONEVAL 2020
Hay que tener en cuenta también que después de la pandemia el nivel de empleo se recuperó más rápido con respecto a las proyecciones generales, los datos son muy cercanos a las previsiones más optimistas y en el mes de octubre se llegó al nivel previo a la pandemia. Lo mismo podemos decir de la masa salarial (volumen total de los salarios por los puestos de trabajo), en términos reales hay un aumento sustancial. Estas dos características fueron factores que amortiguaron los golpes de la crisis para la clase trabajadora. Son pruebas fehacientes que los aumentos salariales deben continuar.
De acuerdo con un análisis econométrico, hay un margen para seguir aumentando los salarios mínimos generales y los salarios mínimos profesionales, por lo que el OISAD ha propuesto un aumento de entre el 8 y el 14% que es superior a la inflación actual. Así el salario en 2022 podría alcanzar el rango de entre 153.036 y 161.53 pesos mensuales; mientras que en la franja fronteriza el salario sería entre 230.46 y 243.26 pesos.
Salarios más altos ayudan a mejorar la distribución de la riqueza (equilibran la participación de los salarios como porcentaje del PIB con respecto a las utilidades de las empresas), por lo tanto, disminuyen la desigualdad. También impactan en el combate a la pobreza; elevan la calidad de vida de los trabajadores y dinamizan el mercado interior. Además, el aumento al salario mínimo beneficia directamente a cerca de un 20% de los trabajadores cuyo salario está relacionado directamente con los montos mínimos.
Es nuestro deber desde la academia producir la evidencia científica suficiente que ayude a tomar decisiones y ponerla al alcance de la clase obrera. La 4T tiene la obligación moral de seguir el camino para resarcir los daños del neoliberalismo y este derecho laboral debe ser irrenunciable.
*Profesor-Investigador Universidad de Quintana Roo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Twitter: @BandalaCarlos
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