Familiares de un joven que fue baleado por un policía municipal de Puebla hace 13 años, lograron que la Fiscalía General del Estado reaprehendiera al responsable tras evadir la justicia antes de su sentencia; sin embargo, el sospechoso fue liberado debido a que supuestamente suplantó su identidad.
La señora Juana Genoveva Ruiz Zúñiga, quien desde hace 13 años busca justicia para su hijo Erick Herrera Ruiz, que al momento del ataque tenía 19 años, ahora tiene 32 pero es incapaz de valerse por sí mismo debido a que dos balas se alojaron en su cerebro.
La mujer explica, en entrevista con Imagen Poblana, que la noche del 19 de junio de 2008, sus dos hijos salieron a comprar unas cosas en la 105 Poniente, en la colonia Popular de la ciudad de Puebla, pero en el camino fueron interceptados por el entonces policía municipal Miguel Ángel Salazar Corona.
Según el proceso penal 374/2016-1 del Juzgado Primero de lo Penal en Puebla, el policía baleó a Erick por resistirse a una revisión ilegal en la que el policía buscaba extorsionarlo, por lo que con alevosía y ventaja le disparó en dos ocasiones en la cabeza.
Tras ser señalado por los testigos, Miguel Ángel Salazar Corona fue detenido y apenas estuvo seis meses en prisión cuando fue puesto en libertad condicional, justo antes de que se diera la conclusión del proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y lesiones calificadas; no obstante, este último ilícito fue modificado ya que originalmente era homicidio en grado de tentativa.
Gracias a que se reclasificó el delito, Miguel Ángel consiguió la libertad condicional, pero cuando el juicio llegó a su conclusión y se le declaró culpable, ya no volvió para enfrentar los cargos en su contra, por lo que se giró una orden de aprehensión.
Aunque las autoridades poco hicieron para detener a Miguel Ángel, Juana se mantuvo en la búsqueda de justicia y con ayuda de otros familiares lograron localizar, en más de una ocasión, a Miguel Ángel Salazar Corona, denunciando en varias ocasiones su ubicación.
No fue sino hasta el pasado 18 de noviembre cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Puebla, con apoyo de Juana y su familia, lograron ubicar a Miguel Ángel y detenerlo en la colonia Constitución Mexicana, al sur de la capital poblana.
Luego de la detención, la señora Juana fue citada para una audiencia el lunes 22 de noviembre, a las 9:00 horas, en los juzgados ubicados en el Cereso de San Miguel; sin embargo, al llegar se enteró que un día antes, el domingo 21 de noviembre, Miguel Ángel Salazar Corona ya había sido liberado.
Al momento de su aprehensión, Miguel Ángel trató de evadirse argumentando que lo estaban confundiendo y que él era Héctor García Ramírez, para lo cual muestra una credencial de elector y una licencia de conducir, que según la familia de la víctima, evidentemente no coincidía con sus rasgos físicos.
El lunes que recibieron la noticia de la liberación, la secretaria de acuerdos Annel Villalba de la Rosa, les informó que se hizo una audiencia el domingo a las 16:00 horas en la que se corroboró que el detenido no era Miguel Ángel, para lo cual se hizo una comparación de las huellas dactilares.
Juana demostró que el papel que le entregaron en el juzgado y con el cual pretenden acreditar que Miguel Ángel no es esa persona, habría sido falsificado pues ella cuenta con una copia certificada de la averiguación previa, donde viene la misma hoja pero con datos y colocación de huellas de forma diferente.
Por este motivo, Juana pide la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como del fiscal Gilberto Higuera Bernal y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, con la finalidad de que su caso sea revisado y se haga justicia.
Recalcaron que Miguel Ángel debe hacerse cargo de la reparación moral de los daños, pues inicialmente el dictamen establecía un pago de aproximadamente 401,000 pesos, pero ahora es de apenas 344 pesos, lo cual se vuelve insuficiente e ilógico dado el daño permanente de la víctima.
Por el ataque en su contra, Erick quedó en estado vegetativo, no puede valerse por sí mismo y necesita medicamentos para evitar que su cerebro se inflame, pues tampoco se le pudieron extraer las dos balas debido a que era un alto riesgo clínico.
