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La primera detención vinculada al caso Pegasus, el software de espionaje israelí empleado en varias partes del mundo y que cobró relevancia durante la administración de Peña Nieto, fue ejecutada el 1 de noviembre por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Através de un comunicado, la FGR informó que el 1 de noviembre la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvo a un hombre identificado como Juan Carlos "G", en la ciudad de Querétaro, quien contaba con una orden de arresto por su probable responsabilidad en el delito de "intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista".
Tras ser detenido, el sujeto fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento se sabe que el Ministerio Público ya imputó al señalado como delito agravado por su aparente "finalidad de afectar, limitar y menoscabar la libertad de expresión".
Asimismo, las autoridades no revelaron el nombre de la víctima; sin embargo, días antes de la captura del sujeto, la Fiscalía agradeció públicamente a la reportera Carmen Aristegui "por su denuncia y participación permanente", por lo cual varios medios especulan que esta reconocida periodista haya sido blanco de espionaje.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirma que la empresa Proyectos y Diseños VM formó parte de una red encargada de adquirir el software y venderlo a organismos públicos, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que laboraba el ahora detenido.
Respecto al caso, el juez a cargo dio cuatro meses a la Fiscalía para que avance en la investigación complementaria. Mientras que el imputado se le ordenó prisión preventiva debido al "peligro de fuga y los riesgos que representa para la seguridad pública y las personas relacionadas con el proceso".
Amnistía Internacional y Forbidden Stories revelaron que México fue uno de los países con más objetivos potenciales de espionaje, pues fueron contabilizados hasta 15,000 personas, incluído el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el espionaje habría tenido su mayor auge durante la administración de Enrique Peña Nieto.
