En 2016 comenzó a aplicarse el nuevo sistema de justicia penal en Puebla, que trajo consigo una serie de reformas como los “acuerdos reparatorios”, que en los últimos años se han convertido en una salida fácil, principalmente para conductores negligentes que ocasionan una muerte.
Aunque el proceso penal es uno, los medios para la solución de conflictos son muchos y las formas en las que las personas que cometen un delito pueden reparar el daño también; sin embargo muchas veces se limitan a arreglos económicos para "reparar" el daño que ocasiona la muerte de una persona.
Uno de los casos más recientes ocurrió este fin de semana, cuando un policía estatal fue liberado luego de atropellar y matar a un repartidor de Domino's Pizza en San Francisco Totimehuacán; sin embargo, tendrá un mes para llegar a un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima.
Esto obedece a las medidas alternas de solución de conflictos que ofrece en sistema de justicia penal acusatorio y que, en el citado caso, permitirán que el proceso penal se suspenda un mes para entablar una negociación y llegar a un acuerdo que le permita al imputado, en este caso el policía, no pisar la cárcel.
Para entender mejor esto, Imagen Poblana te ofrece un resumen que te permitirá conocer de qué consta esta normativa legal y porque ha causado tantos conflictos sociales por la liberación de presuntos delincuentes.
¿Aún se le llama perdón?
En el sistema de justicia penal inquisitorio o tradicional, el cual quedó desfasado desde 2016 en Puebla, contemplaba una medida muy común que era conocida como el "perdón", la cual constaba de forma simple en eso, darle el perdón a alguien que había cometido un delito culposo para que pudiera salir de prisión.
La entrega del perdón por parte de las víctimas no estaba regulada y por los abogados de cada una de las partes se encargaban de negociar con las víctimas un pago económico para que sus clientes pudieran salir de prisión.
Los asuntos culposos pueden ser lesiones, robos menores o incluso un homicidio, que derive precisamente de un hecho donde no haya existido dolo sino algo circunstancial, como puede ser un choque o un atropellamiento.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, se reguló este proceso y se incluyó en los medios alternativos de solución de conflictos, debido a que el actual sistema legal busca reducir la población penitenciaria y dejar está instancia solamente para los que cometen delitos de alto impacto.
Legalmente ya no se le llama "perdón", pero el fin sigue siendo el mismo cuando se habla de un acuerdo reparatorio, que implica que la parte afectada y el presunto responsable, lleguen a un consenso para subsanar un daño moral o material, es decir, una vida o algún inmueble o vehículo.
¿En qué consiste?
El acuerdo reparatorio se solicitará por una de las partes y tendrá que aceptarse por la otra, ante un juez de control y durante una audiencia, pues será este último quien determine qué tiempo habrá para que ambos actores lleguen a un acuerdo, según la magnitud de la falta.
Cuando esto ocurre, el proceso penal se suspende justo en la parte donde se quedó y se da el tiempo fijado por el juez para llegar a un acuerdo; si se logra el consenso, ya no se reanudará el proceso penal, pero si no hay acuerdo, este se retomará en donde se quedó.
Las negociaciones entre ambas partes ya no podrán hacerse de forma libre como en el anterior sistema, sino que ahora tendrá que haber mediación por parte de la Unidad de Solución de Conflictos de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se pueda establecer que las ofertas o demandas sean congruentes, lógicas y equitativas al delito cometido o daño a reparar.
¿Siempre se arregla con dinero?
Las negociaciones mayoritariamente se rigen por dinero; sin embargo, los acuerdos reparatorios no estipulan que solo lo económico pueda subsanar un daño.
Por ejemplo, si una persona es detenida por robo y al momento de la audiencia ambas partes aceptan un acuerdo reparatorio, el agraviado, en lugar de pedir una suma de dinero, podría pedir que el asaltante haga algún servicio social, o que se comprometa a acabar sus estudios.
En caso de que el acuerdo reparatorio no se cumpla, se podría reiniciar el proceso penal por incumplimiento de acuerdos o violación de medida cautelar, ya sea cuando el acuerdo es de tipo social o si es económico, ya que también existe un déficit de dinero que no se paga.
En el tema del dinero el proceso es el mismo, se fija un monto y un plazo para cubrirlo. En este caso también se ha documentado letargo por parte de las empresas aseguradoras, pues en hechos de tránsito son las que se encargan de pagar daños morales y materiales cuando el imputado contaba con una póliza.
Una medida mal vista
Aunque el proceso legal suele verse muy idílico, llevarlo a la realidad puede generar problemas en su ejecución, lo cual aunado a procesos culturales, ha provocado que la solución alterna de conflictos no goce de la mejor de las famas.
No pasaron muchos días desde su puesta en marcha en Puebla para que esta medida fuera severamente señalada, pues a finales de junio de 2016 un conductor ebrio que atropelló y mató a una mujer y su hija en la 11 Sur y 49 Poniente, gozaría de esta medida provocando indignación de la gente.
Y es que a pesar de ir ebrio, de manejar a exceso de velocidad y otras agravantes, Juan Carlos B. no pisó la cárcel gracias a que logró llegar a un acuerdo reparatorio con los familiares de las víctimas, a fin de pagar una indemnización por el daño moral causado.
La sociedad, y algunos medios de comunicación, rápidamente encendieron las antorchas y antes que linchar al conductor, le prendieron fuego al recién estrenado sistema de justicia penal, que había impedido que un conductor negligente se quedara en la cárcel pagando por su crimen.
Desde un punto de vista legal, lo que Juan Carlos B. hizo simplemente fue reconocer su responsabilidad y pagar algo significativo por el daño que causó, algo que con el anterior sistema también iba a ocurrir, pero ahora bajo un proceso regulado donde el monto iba a ser fijado con base en tratados y leyes internacionales.
Si bien es cierto que el dinero no le puede devolver a la familia a su ser querido, la cárcel tampoco lo hará, y cuando la persona que fallece es el sostén de una familia el dinero puede ser algo que termine por ayudar a los deudos.
Más polémica
Este caso polémico fue el primero, pero no el último en los más de cinco años que lleva aplicándose el sistema de justicia oral en Puebla.
El pasado 22 de junio, una niña murió atropellada por un camión de Coca-Cola en la colonia La Joya de la ciudad de Puebla. El conductor logró un acuerdo reparatorio y en un hecho discreto, evadió la prisión a cambio de cubrir gastos funerarios, daños materiales y daño moral por la muerte de la pequeña.
No todos los casos son rápidos y discretos. Existen otros como el ocurrido en noviembre de 2018 cuando un autobús de la Ruta 13 del transporte público atropelló y mató a Emmanuel Vara Zenteno, quien entonces era director de Gestión de movilidad en la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla.
La familia del joven ciclista empezó un proceso penal que se extendió por nueve meses, tiempo en el cual el conductor se quedó detenido pues inicialmente la familia de Emmanuel Vara se negó a entablar una negociación para reparar el daño.
Fue hasta agosto del 2019 cuando finalmente lograron un acuerdo con la Aseguradora Afirme, para pagar la reparación moral y material del daño, permitiendo que el conductor pudiera salir de prisión ante la suspensión condicional del proceso.
En noviembre del año pasado ocurrió otro hecho que, legalmente, cayó en varias irregularidades pero que terminó por ajustarse a una petición por parte de las víctimas que pedían justicia para Juan Carlos, un joven que murió atropellado en la Vía Atlixcáyotl.
Yamil, el conductor que lo atropelló, viajaba en un Mercedes-Benz y tras atropellar al joven intentó darse a la fuga y se estrelló con un poste y un árbol, quedando metros adelante sin poder concretar la huida.
El conductor quedó detenido y en su audiencia los abogados y el Ministerio Público aceptaron un acuerdo reparatorio, aunque esta situación no se le informó a la familia de la víctima y tampoco las implicaciones que esto tendría, como por ejemplo, que Yamil no pisaría la cárcel.
Los familiares de Juan Carlos declararon que ellos no querían dinero, sino que querían que Yamil se quedara en la cárcel, por lo que su petición llegó al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien finalmente llamó a las autoridades judiciales a revisar el caso.
Aunque se cayó en una medida judicial impositiva, la suspensión condicional del proceso se echó para atrás y se llamó a una nueva audiencia para reponer el proceso; sin embargo, sabiendo que esta vez ya no podría evitar la cárcel, Yamil ya no se presentó.
Si bien Yamil tiene una orden de aprehensión vigente, su familia no recibió dinero por la reparación del daño, pero desde su perspectiva tampoco recibieron la única justicia aceptable para ellos que era la cárcel, por lo que el caso sigue abierto.
Es una situación cultural
Imagen Poblana consultó a algunos agentes del Ministerio Público, los cuales de forma anónima explicaron que diariamente se cierran más soluciones alternativas de las que se publican en los medios; sin embargo, la cultura es determinante para que esto tenga éxito.
Explicaron que si bien el proceso busca arreglar un proceso penal de cinco años en 30 días, la gente aún no asimila que la cárcel no es el único o el mejor castigo para alguien que comete un delito culposo.
Señalaron que, como en el caso de Yamil, muchas familias se niegan a negociar con el conductor que atropelló a su familiar, y ven la prisión como una forma de venganza contra esa persona, sin pensar que en verdad pudo ser un accidente o unos segundos de descuido.
Señalaron que también existe resistencia a esta medida por la falta de una campaña de sensibilización que le permita a la gente conocer de qué se tratan las soluciones alternas de conflictos y los beneficios que pueden representar para ellos y la sociedad.
