Este martes 14 de septiembre se consolidó la emisión de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pues fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México.
Con este marco legal, el pueblo mexicano tendrá facultad para determinar mediante votación si el presidente de la república debe separarse del cargo antes del cumplimiento de su periodo de gobierno de seis años, estipulado así en la constitución.
Como criterio para solicitar la conclusión anticipada del periodo presidencial, el decreto del DOF arguye la pérdida de confianza popular en el mandatario en funciones.
La ley emitida hoy reglamenta la fracción IX del artículo 35 constitucional, que determina que la revocación de mandato será convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de al menos el 3% de la lista nominal de electores distribuidos en al menos 17 estados del país, quienes a su vez deben representar el 3% de la lista nominal de cada entidad implicada.
Este recurso legal, además, atribuye al INE, el Congreso de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la aplicación de sus disposiciones.
El documento publicado en el DOF regula el procedimiento de petición para revocar al mandatario federal, la fase previa a la votación, el inicio del proceso, su convocatoria, organización, difusión, la jornada en sí y los resultados, además de enmarcar las atribuciones de los poderes políticos implicados.
"Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación", señala el artículo 60 de la ley de revocación de mandato.
Esta ley es una de las principales promesas políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha fincado gran parte de su discurso presidencial y como aspirante en criticar las gestiones de sus antecesores en el cargo, como Carlos Salinas de Gortari, del PRI, y Felipe Calderón, del PAN.
Además, la medida busca responder a episodios de autoritarismo en la historia moderna de México, como la matanza de Tlatelolco perpetrada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz contra estudiantes en 1968, o la llamada guerra sucia de la década de 1970, durante el sexenio de Luis Echeverría, cuando el Estado mexicano persiguió con crímenes de sangre a opositores políticos como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
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