El 7 de julio pasado el presidente Andres Manuel López Obrador anunció la creación de la empresa Gas Bienestar, subsidiaria de PEMEX, que se encargará de la distribución del gas licuado de petróleo (LP) como respuesta al aumento desmesurado de precios. De forma adicional, a partir del domingo 1º de agosto se implementó un tope en los precios del hidrocarburo que llevó a un paro momentáneo de algunos distribuidores, ¿qué tan acertada es la medida del gobierno?
Distintas teorías económicas se oponen a que los agentes del mercado (incluido el Estado) intervengan en el nivel de precios. En un mercado en equilibrio, el nivel de precios muestra el punto en que la oferta es igual a la demanda; si los precios se fijan de forma deliberada se provocan distorsiones en el mercado, por ejemplo, un exceso de demanda que provocaría escasez o un exceso de oferta que provocaría una crisis por acumulación de inventarios. En ambos casos hay pérdidas en el excedente del productor y del consumidor, es decir una pérdida en el nivel de bienestar social.
Incluso las teorías heterodoxas de la economía, como el marxismo, han reconocido los errores que en la práctica generan los controles de precios. Ejemplos de ello pueden ser tomados de la política económica de la Unión Soviética, Cuba o Venezuela. Cuando el Estado pone un tope a los precios por un periodo prolongado la consecuencia más común es una baja en el nivel de productividad general de la industria y, por tanto, un deterioro de las condiciones económicas en el largo plazo.
Sin embargo, si los controles de precios son acompañados de otras acciones, los resultados pueden ser benéficos. Cuando los precios de un mercado están distorsionados es necesario que el Estado intervenga. En mercados que tienden al monopolio o al oligopolio, es decir, donde hay nula o poca competencia, los precios suelen estar distorsionados en perjuicio de los consumidores. En esos casos el gobierno debe poner límites que contengan las pérdidas sociales, pero debe ser sólo en el corto plazo; en el mediano y largo plazo debe construir las condiciones necesarias para que ese mercado aumente su nivel productivo de modo que los precios reflejen un nivel de producción suficiente para atender la demanda.
En el mercado del gas en México, tanto del natural como del LP, hay pocos competidores y por tanto es fácil que se pongan de acuerdo, sea de forma explícita o implícita, e impongan precios que les generen ganancias extraordinarias que perjudican el bolsillo de los consumidores. En el último año, el precio del gas aumentó 33% que significa 5 veces el nivel inflacionario. Al ser el gas un insumo importante de muchos otros productos, su aumento presiona al alza el precio de bienes básicos como la tortilla y el pan. Por eso, la intervención en el precio sí es justificada y conveniente.
La fijación de precios en el gas no es nueva, antes de 2017 el gobierno fijaba los precios; posteriormente, Peña Nieto liberó los precios de forma irresponsable, pues les entregó más poder de mercado a las gaseras sin posibilitar ningún mecanismo que equilibrara las condiciones en favor de los consumidores.
A continuación, mostramos una gráfica de calor que indica las variaciones en los precios del gas LP a nivel nacional. Se observan en verde los precios más bajos, como el registrado en Chiapas en 21.84 pesos el kilo. En rojo los más altos que tuvieron un máximo de 27.32 pesos por kilogramo en Durando, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y el Valle de México. En amarillo están los niveles intermedios. Puebla pinta de color anaranjado, es decir, tiene precios por encima del promedio nacional.
Elaboración propia con datos de Comisión Reguladora de Energía
Con la entrada en vigor de la intervención del mercado, los precios del gas se reducirán entre 9 y 22%; por ejemplo, para la Ciudad de México el precio máximo permitido será de 21.33 pesos el kilo. Para Puebla será de 21.68 pesos, que es una reducción del 13%. Esta medida irritó a algunos distribuidores, principalmente del centro del país (Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México) que decidieron organizar un paro de labores; no obstante, la respuesta del gobierno fue contundente: los gaseros podrían perder la concesión. El servicio ya se reanudó.
Aunque este ha sido un triunfo parcial para el gobierno de la 4T, debe tener en claro que la contención de precios es una medida de corto plazo; hay que impulsar de forma diligente el arranque de operaciones de la empresa de Gas Bienestar como distribuidora que garantice el abasto. Pero también, elevar la producción de PEMEX, pues en estos momentos el 80% del gas que consumimos proviene de la importación lo que vulnera nuestra soberanía.
Por otro lado, estas acciones deben acompañarse por la acción organizada del pueblo para respaldar los cambios económicos tan necesarios para aliviar la situación de los más pobres. Sin duda, nos sigue llenando de esperanzas que, paso a paso, el país se está transformando. ¡Vas bien, Andrés!
*Profesor-Investigador Facultad de Negocios, Universidad La Salle México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Twitter: @BandalaCarlos
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