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Un rotundo fracaso resultó la consulta popular para llevar a juicio a expresidentes de México, luego de que la participación ciudadana no llegó ni al 10 % del total del padrón electoral, dejando sin validez este ejercicio impuesto por el Gobierno Federal.
Más allá de lo inútil que resultó esta consulta, lo verdaderamente grave es el desperdicio de 528 millones de pesos en la organización de este acto, pues México no es precisamente un país que se pueda dar el lujo de tirar a la basura esta cantidad de dinero.
