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La Cámara de Diputados aprobó la noche del viernes una reforma sobre subcontratación laboral, que otorga 30 días de plazo a las empresas que emplean por 'outsourcing' para cumplir obligaciones de seguridad social a empleados, derechos al fondo de vivienda y otros compromisos fiscales.
"Con 373 votos en pro, 71 en contra y dos abstenciones, se avala, en lo general, dictamen que reforma disposiciones transitorias del decreto en materia de subcontratación laboral, publicado en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el 23 de abril de 2021", informó la Cámara de Diputados en su cuenta oficial de Twitter.
Los promotores de la regulación, que incluyen a legisladores de Morena y la oposición, argumentaron que la reforma regula las actividades de empresas "que han visto en la subcontratación un negocio con múltiples ganancias".
El punto de divergencia era el plazo otorgado a las empresas que suelen contratar anualmente a sus empleados para eludir el pago de derechos laborales y de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Legisladores de la bancada opositora proponían aumentar a cinco meses el plazo para que las empresas regularicen sus pagos a la seguridad social.
El Movimiento de Regeneración Nacional esgrimió que de 70,000 empresas señaladas por esa práctica, en la que cada año se renueva el contrato, 25,500 ya cumplieron con sus obligaciones legales, es decir, un 35 por ciento.
CONSECUENCIAS DEL 'OUTSOURCING'
Ese avance ha beneficiado a 1.2 millones de trabajadores que fueron regularizados y registrados con derechos laborales, seguridad social y fondos de pensiones, pero faltan todavía más de dos millones.
Hasta un 13 por ciento de la población pierde actualmente sus derechos de antigüedad, jubilación y seguridad social en las subcontrataciones anuales en este país.
Las autoridades mexicanas estiman que hay 4.6 millones de empleados en esquemas de subcontratación, sin registros claros.
La mitad de esos trabajadores labora en empresas grandes de más de 2,000 empleados, en la industria manufacturera, en turismo y en otros servicios.
Según la Secretaría del Trabajo, la manipulación de ese tipo de contratos se observa en la caída de empleo durante cada mes de diciembre, cuando nóminas completas de empleados son dadas de baja, para ser contratados de nuevo en cada enero siguiente, anulando la antigüedad de los empleados.
