Aunque los fanáticos recalcitrantes de la 4T digan lo contrario, la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes de México es un inútil y costoso capricho del inquilino de Palacio Nacional.
Permítame explicarle.
Son en total 528 millones de pesos los que se gastarán en esta consulta ciudadana que está destinada al fracaso, pues pese a la necedad de los fanáticos lopezobradoristas, la sociedad está preocupada por cosas más importantes, como la pandemia de COVID-19.
Ese gasto excesivo de recursos para un capricho bien se pudo ocupar en algo mucho más benéfico para México, creo yo.
Aunque suene a cliché y los mexicanos afines al presidente demeriten este argumento: la ley se aplica, no se consulta, tal como ha sucedido en otros países.
De verdad, amable lector, en Francia no hicieron una consulta ciudadana para condenar a tres años de cárcel al expresidente Nicolas Sarkozy. Es más, ni en el Brasil del impresentable Jair Bolsonaro preguntaron a la sociedad si debían procesar a Lula da Silva.
¿Ve cómo es absurda esta consulta contra los expresidentes?
Seamos claros, el Gobierno Federal no cuenta con elementos suficientes para llevar a juicio a estos exmandatarios, por lo que el fracaso de la consulta será el éxito de la Federación.
Y es que muchos mexicanos bailan al ritmo que les marque el presidente López Obrador, que tras el inminente fracaso de la consulta se sacudirá las manos y dirá que los mexicanos no quisieron que se aplicara la ley.
Aunque la consulta alcanzara el número de participantes requerido, el juicio contra expresidentes nunca llegará, pues -insisto- no hay pruebas contundentes para encarcelarlos.
Mientras tanto, 528 millones de pesos que no sobran en el país irán directamente a la basura, donde están también todas esas promesas “progresistas” que nunca se cumplirán.
Por si esto no fuera suficiente, la consulta contra expresidentes está funcionando como una excelente cortina de humo para temas importantes y que en verdad afectan a México, como la pandemia y la crisis económica que se vive.
Además, resulta irrisorio que para poner en riesgo a miles de estudiantes mexicanos con el regreso a clases presenciales el presidente tome una postura firme, mientras que para enjuiciar a expresidentes le deje a la sociedad la decisión.
Solo en México, amable lector, se le pregunta a la sociedad si quiere que se aplique la ley.
Peor, solo en México hay personas que defienden y avalan estas ideas absurdas.
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