El exdelegado de la Sedatu y ex presidente municipal interino en Zacatlán durante la gestión de Juan Carlos Lastiri Quirós, Juan Manuel L., fue vinculado a proceso derivado de una investigación por la llamada "Estafa Maestra".
En la misma causa penal que el político poblano, también fue vinculado a proceso Noé M., exrector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), en el Estado de México.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), quien a través de un comunicado detalló que la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), obtuvo vinculación a proceso en contra de estas dos personas, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
"El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel “L”, ex servidor público, y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el Estado de México", dio a conocer la dependencia.
No obstante, los imputados no están en prisión y seguirán su proceso en libertad, aunque con la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual para firmar que no se han evadido, además se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Juan Manuel L. fue suplente de Juan Carlos Lastiri Quirós cuando el priista fue presidente municipal de Zacatlán en el período de 1996 a 1999, además fungió como delegado de la extinta Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad, a partir de 2017.
Previamente fue titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Secretaría de Desarrollo Social, donde supuestamente participó en la llamada “Estafa Maestra”, investigación periodística hecha por el portal de noticias "Animal Político", en asociación con "Mexicanos contra la corrupción y la impunidad", en 2017.
Esta consistía en un sistema ilegal de manejo de recursos a través de 128 empresas fantasmas por las que circularon más de 400 millones de dólares, donde estuvieron vinculadas 11 dependencias, ocho universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.
