Este lunes un tribunal argentino inició el juicio contra dos monjas y varias exempleadas laicas del Instituto Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza, por abusos sexuales a menores sordos; anteriormente dos sacerdotes católicos recibieron históricas condenas de prisión.
El tribunal de Mendoza celebró la primera audiencia del juicio a la monja japonesa Kumiko Kosaka, acusada de seis presuntos hechos de abuso sexual agravado y corrupción de exalumnos menores de edad, y a la también religiosa Asunción Martínez -nacida en Paraguay y naturalizada argentina- señalada de no haber denunciado los supuestos delitos.
Otras siete mujeres que fungieron como directivas y administrativas en el Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo tendrán que enfrentar la justicia por su su papel como presuntas entregadoras de los menores, facilitadoras y encubridoras de los hechos.
En 2016 fueron procesados el cura italiano Nicola Corradi y el argentino Horacio Corbacho, también pertenecientes al ahora colegio clausurado, por abuso sexual a menores, y en 2019 ambos fueron condenados a 42 y 45 años de prisión, respectivamente; las penas más altas contra sacerdotes católicos en Argentina.
Con el juicio actual se pretende hallar una supuesta red de complicidad y silencio en torno a las vejaciones ocurridas a más de una decena de menores entre 2005 y 2016. Y de acuerdo con Sergio Salinas, abogado de la organización humanitaria Xumek, en esta etapa la fiscalía mendocina no solicitará las penas para los acusados. El tribunal escuchará los testimonios de las supuestas víctimas que fueron grabados bajo el sistema de Cámara Gesell en una habitación especial mientras eran observadas por psicólogos.
Por su parte, Carlos Varela, uno de los abogados de las monjas imputadas, señaló en un comunicado que “sin dudas existe una sentencia condenatoria mediática y social adelantada en este proceso” rodeado de “falsedades, intereses cruzados, tergiversaciones y manipulaciones”.
Además del personal religioso, han sido condenados con anterioridad el exjardinero Armando Gómez, sentenciado a 18 años de cárcel, y el exmonaguillo Jorge Bordón, quien tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado recibió 10 años.
El escándalo en torno al caso estalló cuando se supo que el cura Corradi ya había sido señalado por delitos similares perpetrados en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, por los cuales no fue juzgado; además, se supo que el papa Francisco había sido notificado por exalumnos sordos de ese lugar que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Al respecto, los exalumnos del Próvolo han exigido varias veces que el papa despoje del estado sacerdotal a los abusadores en el marco del proceso canónico que se les inició.
