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Los presupuestos ambientales han sido sacrificados para combatir la crisis del COVID-19, advirtió la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en la celebración del Acuerdo de Escazú.
"Los presupuestos ambientales han sido sacrificados en muchos países para atender la emergencia, pero también estamos ante una tragedia ambiental que requiere atención", advirtió Bárcena en una conferencia de prensa.
Los estados parte del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, celebraron la entrada en vigor del tratado este jueves 22, fecha en la que se conmemora también el Día Internacional de la Madre Tierra.
Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel mundial en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Desigualdad y crisis
En la conferencia, Bárcena aseguró que el mundo está llegando a superar los "umbrales críticos planetarios".
"Vemos que nuestra región y en particular el Caribe y Centroamérica, son los que más conocen la pesada carga de los desastres naturales; la pandemia nos ha transparentado muy crudamente los problemas estructurales de nuestra región: desigualdad, pobreza, informalidad y un deterioro ambiental creciente", reflexionó.
Sostuvo que la crisis que sufre América Latina, que representa una caída de 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), será la "peor de su historia" y va a implicar un retroceso de 10 años en el nivel de ingreso de los habitantes.
"El cuidado de la tierra significa que estamos ante la posibilidad de garantizar los derechos a todos los pueblos de nuestra región, necesitamos recuperar la política como instrumento de cambio, para generar pactos duraderos que fortalezcan la democracia participativa", agregó.
Derechos humanos
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que el Acuerdo de Escazú es una de las herramientas "más eficaces" para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y el medioambiente.
"Es el primer tratado ambiental del mundo que protege a las personas defensoras del medioambiente y esto es importante dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden la tierra; los defensores siguen siendo amenazados, con acoso y hasta ataques contra su vida", agregó.
Por su parte, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, afirmó que el tratado brinda una "nueva oportunidad para cuidar a nuestra madre tierra".
"Cuenta con las herramientas mínimas necesarias para exigir a las autoridades el justo acceso a la información y proteger a nuestra tierra; quisiera hacer un llamado a las mujeres, niños, jóvenes, activistas para solicitar sus espacios de participación para procurar la más respetuosa y justa calidad ambiental", agregó.
Sostuvo que su país pretende colaborar con todos los socios de la región o externos para que estos derechos tengan alcance universal.
En el encuentro estuvieron presentes el presidente de Guayana, Mohamed Irfaan Ali; la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa, Olga Algayerova; la directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen; y autoridades de Bolivia, Ecuador, México, Argentina y Nicaragua, entre otros.
Hasta el momento, 12 naciones —Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay— han ratificado el acuerdo.
Las 12 naciones que firmaron el tratado pero todavía no lo han ratificado, son Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y Perú.
