Tras las elecciones de 1988, cuando usurpó la presidencia Carlos Salinas de Gortari al candidato ganador Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, se hizo necesario un órgano electoral independiente que diera certeza y garantía del sufragio. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2014 se convirtió en INE, pero hoy vive su peor momento de legitimidad y credibilidad.
La historia política del país ha sido sumamente conflictiva, desde las disputas electorales entre conservadores y liberales en el siglo XIX; la reelección de Juárez que llevó a Porfirio Díaz levantarse en armas con el Plan de Tuxtepec y posteriormente las sucesivas reelecciones de Díaz que fueron la justificación más aceptada para avalar la revolución de 1910. Tras un breve periodo postrevolucionario, la ausencia de transición entre partidos políticos y la continua reelección del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mermaron la confianza en las elecciones. El punto más álgido se alcanzó con el presunto fraude de 1988, cuando “se cayó el sistema”.
Recuperar la confianza en los procesos electorales ha sido un camino largo. Si no se confía en un sistema de votación que permita al pueblo elegir su destino, sobreviene el cambio por la vía violenta como los levantamientos armados y las guerrillas presentes desde los años cincuenta.
Con la creación del IFE y el otorgamiento de su carácter independiente en 1996 la participación electoral creció. El triunfo de Vicente Fox en el año 2000 significó la primera transición de partido en 70 años y la única después de la revolución mexicana. Todo indicaba que nos acercábamos a una democracia consolidada y madura. No obstante, el intervencionismo de Fox en el proceso electoral de 2006 que inició con el desatinado “desafuero” contra el candidato puntero, nos hizo retrogradar. El desaseo electoral y la negativa de las autoridades para limpiar el proceso fortalecieron la hipótesis de fraude y la llegada de un gobierno espurio que debilitó a la institución electoral.
De acuerdo con la teoría del institucionalismo, una institución es la materialización, mediante un sistema organizado, de una aspiración social. Esta aspiración social (salud, educación, democracia, bienestar) es la justificación de su existencia, pero, además requiere de un nivel de legitimidad, es decir, la percepción o suposición generalizada de que ese ente realiza sus actividades de forma adecuada y representa por tanto el sistema de valores de dicha aspiración. En otras palabras, la gente debe creer (confiar) que esa institución efectivamente representa una aspiración social. Cuando una institución pierde esa legitimidad ha perdido todo, inevitablemente comienza un proceso de desinstitucionalización y, por tanto, su propio fin.
Imagine un hospital, institución que representa la aspiración social de salud, cuya credibilidad se merme y ningún paciente acuda a él. Si fuera un solo hospital quizás el problema no es grave, pero ¿qué pasaría si se tratara de todo el sistema de salud como institución? Sobreviene un problema nacional de salud pública. Lo mismo pasa con el órgano electoral como institución que representa la aspiración de democracia.
La credibilidad del INE la han mermado sus propios funcionarios a partir de un comportamiento irresponsable, de forma particular dos personajes dañinos a la democracia: Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón. Han sido necios y ciegos frente al proceso de transformación que hoy vive el país. El INE es el único organismo que se negó a reducir su presupuesto en función de la “austeridad republicana”. Los consejeros electorales son los únicos funcionarios que ganan más que el presidente de la república, desafiando a la propia constitución, Córdova Vianello gana 60% más que López Obrador y exige un presupuesto faraónico.
En la gráfica siguiente se muestra la comparativa del gasto. Con el presupuesto actual del INE se podrían pagar 33 años del gasto de la presidencia o 3.5 años de presupuesto del INEGI; es casi el doble de lo que gasta todo el poder legislativo en ambas cámaras; equivale a 1.25 veces el gasto destinado a los programas sociales para jóvenes y es muy similar a todo el gasto en Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021
De los 26 mil 800 millones de pesos que gastará el INE, destinará 7 mil a partidos políticos y 11 mil 700 millones se irán a servicios personales; es decir, la nómina representa el 60% de los gastos operativos. Las elecciones son muy caras porque los funcionarios cobran sueldos excesivos. ¡Es un abuso!
Las recientes decisiones del INE de cancelar el registro de 21 candidatos, entre ellos dos candidatos a gobernador por el partido MORENA fueron desproporcionadas y parciales, siguen abonando a ganarse el descrédito ciudadano. Peor aún, la confrontación que han mantenido con el poder ejecutivo, tanto con el presidente como con la secretaria de gobernación, los están hundiendo más. Córdova y Murayama no entienden que todo está en su contra, se enfrentan con el presidente más popular, mientras que ellos nunca fueron elegidos por el pueblo. Le quedan en su defensa los medios de comunicación paleros a la mafia del poder y un puñado de intelectuales “orgánicos”, muchos de ellos impresentables en la opinión pública.
Córdova y Murayama dicen defender la democracia, pero con sus acciones sólo siembran incertidumbre y deslegitiman al INE. Como muestra de su auténtica vocación democrática deben renunciar inmediatamente y así salvar al órgano electoral. Pero no lo harán, porque además de no querer perder sus privilegios hoy están al servicio de una oposición moralmente derrotada pero que detenta un gran poder económico. Sigamos atentos a los acontecimientos en pleno desarrollo.
*Profesor-Investigador Facultad de Negocios, Universidad La Salle México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Twitter: @BandalaCarlos
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