El periódico The Guardian reveló que en la década de los 70 la reina Isabel II logró que el gobierno británico cambiara un proyecto de ley a fin de ocultar su riqueza privada al público. Además, la monarca habría escondido acciones e inversiones personales hasta, al menos, 2011.
Por medio de una investigación llevada a cabo por los periodistas David Pegg y Rob Evans, que tuvieron acceso a los documentos guardados en los Archivos Nacionales, descubrieron que un abogado de Isabel II presionó a los ministros para que modificaran el proyecto de ley de 1976, a fin de que sus acciones en diversas empresas no fueran públicas. Asimismo, el gobierno británico incluyó una cláusula a la ley que eximía a jefes de estado hacer públicas las empresas en las que invertía a título personal.
En su artículo, los periodistas afirman que “el acuerdo se utilizó en efecto para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que, según se entiende, ocultó las participaciones e inversiones privadas de la reina hasta al menos 2011”.
Esta información fue descubierta cuando los reporteros investigaban un procedimiento parlamentario llamado “consentimiento de la reina”, que fue usado para “influir secretamente en la ley”, afirma The Guardian.
Con base en el periódico, este mecanismo obliga a los ministros a avisar a la reina si la legislación afecta los intereses privados de la corona, ya que se requiere el consentimiento real para aprobar ciertos proyectos.
Por su parte, la web de la Casa Real refiere que dicho consentimiento es una “convención establecida desde hace mucho tiempo” por ello el Parlamento pide a la reina su aprobación para el debate de proyectos de ley que afecten a los “intereses de la Corona”.
En este sentido, The Guardian sugiere que este consentimiento le ha permitido a Isabel II y a sus abogados presionar en secreto al Parlamento para lograr otros cambios legislativos.
Asimismo, el medio detalla el cambio en la ley que el gobierno de Edward Heath tramitaba en 1973. En ese entonces la reina temía que la iniciativa para brindar transparencia permitiera al pueblo británico averiguar todo sobre sus finanzas. Para evitarlo, envió a uno de sus abogados a fin de presionar al gobierno y que hiciera cambios.
La iniciativa pretendía evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones significativas en empresas que cotizan en bolsa mediante la adquisición de sus acciones por medio de empresas fantasma. En este contexto, la norma pedía que se revelaran las identidades de los posibles compradores.
En ese entonces, el encargado de negociar fue Matthew Farrer, socio del prestigioso bufete de abogados Farrer&Co, quien transmitió la postura de la reina ya que esta decisión revelaría sus inversiones privadas y propuso que se hiciera una excepción con la monarca.
El gobierno aceptó su petición e incluyó una cláusula que permitía que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas, de esta manera se evitaría saber de dónde procedía la fortuna de la reina. Sin embargo, la ley entró en vigor con el gobierno laborista de Harold Wilson, en 1976.
The Guardian explica que la exención se concedió casi de inmediato a la empresa Bank of England Nominees Limited, operada por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra. Además, la publicación refiere que hace cuatro años la compañía cerró sin esclarecer lo sucedido con las acciones que poseía y sin presentar cuentas públicas sobre sus actividades.
