Un paciente de 92 años infectado con COVID-19, a quien habían tratado con dióxido de cloro, falleció en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires (Argentina), donde se estaba internado.
El juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N 7, indicó al nosocomio suministrar al paciente dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones
A pesar de que el dióxido de cloro es una sustancia prohibida y desaconsejada por las autoridades sanitarias del país, el médico que atendía de forma particular al paciente se lo había prescrito, sin embargo, al ser internado, causó el rechazo inmediato y generalizado de la comunidad médica argentina; no obstante el juez emitió dicho fallo jurídico.
Tras la muerte del paciente, los familiares pretenden denunciar al Sanatorio Otamendi ya que consideran el delito de "homicidio culposo", pues afirman que la clínica "dilató el tratamiento", de acuerdo con el abogado que les representa a Canal C5N.
El fallo emitido por el juez indicaba que se debía administrar de inmediato el dióxido de cloro e ibuprofenato de sodio, ya que de acuerdo con el magistrado, este tratamiento podía "mejorar el diagnóstico" e incluso "salvar la vida del ahora occiso”.
Sin embargo, el dióxido de cloro ha sido señalado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), así como por la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) como una sustancia altamente peligrosa".
El dictamen del magistrado suscitó inquietud en la comunidad médica argentina, ya que podría generar jurisprudencia para recetar, con apoyo de los tribunales, tratamientos no validados por las autoridades sanitarias. Por ello, varios representantes de salud se pronunciaron ayer en diversos medios argentinos y calificaron la decisión del juez de "aberrante" y "muy preocupante".
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