Desmantelando un sistema. Esta sería la sentencia rectora de los primeros dos años de ejercicio administrativo de Luis Miguel Barbosa Huerta y, por ello, el combate a la inseguridad y corrupción han sido los principales ejes de acción de este gobierno.
A la par, con el fin de marcar un contraste evidente con las administraciones pasadas, su gestión se ha destacado por austera, sin acciones suntuosas. Justamente, la entrega del documento correspondiente al Segundo Informe se hizo de manera conservadora, sin los aspavientos del pasado.
Pero, de manera extraordinaria, hacer frente a la pandemia del COVID-19 le permitió mostrarse como uno de los mandatarios que mejor afrontó esta enfermedad, a pesar de las presiones que el sector empresarial ejerció para reabrir la economía en momentos de mayor incidencia de contagios.
Corruptos en la cárcel
El 18 de marzo de 2020, Eukid N., exdiputado federal y eterno operador del fallecido Rafael Moreno Valle, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial en su casa en San Andrés Cholula. La detención representó el inicio de la caída de una serie de piezas de dominó en la política local.
Eukid N. es señalado como el jefe de la corrupción morenovallista: no solo por la intimidación y castigos políticos en contra de sus enemigos, sino porque a través de un sofisticado sistema de cochupos por la asignación de obra pública logró obtener el dinero necesario para corromper campañas electorales.
El gobernador Barbosa Huerta no ha vacilado en señalarlo de manera constante: la jornada electoral de 2018 fue el ejemplo final de la forma en que por años operó Eukid N., mediante la compra de conciencias y la operación de perfiles panistas o de otros partidos. Incluso, en la investigación es señalada Genoveva Huerta Villegas, dirigente estatal del PAN, por ser parte de esta estructura.
Este 2020 representó para Miguel Barbosa el año en el que ejecutó las detenciones que comenzaron a minar este sistema de corrupción, operación electoral e intimidación. No solo cayó Eukid N., sino también fedatarios que ayudaron a falsificar determinaciones notariales para ayudar en los contratos que signó el morenovallismo.
Karlota N., quien operaba la Notaría 11 en Tehuacán; Agustín N., notario titular del Distrito Judicial de Tepeaca y Sergio N., notario 9 de Cholula, fueron vinculados a proceso.
La red de corrupción establecida en el mornovallismo utilizó las estructuras notariales, la administración pública y los recursos de las secretarías más importantes: Educación Pública, Desarrollo Urbano y Organismos Públicos Descentralizados. El objetivo era obtener dinero para operar las campañas electorales, principalmente la de 2018 que el gobernador señala como la más corrupta de la historia de Puebla.
El crimen organizado y la política
La política poblana estuvo vinculada con el crimen organizado. El huachicol creció en las administraciones pasadas concentrándose en la zona del triángulo rojo. En ese lugar, bajo el amparo de autoridades estatales, el poder se concentró en perfiles del municipio de Palmarito Tochapan.
En la capital, el narcomenudeo y la violencia se concentraron en la figura de un criminal que fue escalando los peldaños de las sociedades delictivas. José Christian N. “el Grillo” concentró en el mercado Morelos su base de operación para la venta de estupefacientes, robo de autopartes y se vinculó con grupos de secuestradores y traficantes diversos.
“El Grillo” fue el autor de la violencia de 2018. De acuerdo con trascendidos periodísticos de aquel día, fue el propio Rafael Moreno Valle quien al ver perdida la elección para su esposa decidió activar la violencia para declarar inválidas las elecciones y repetirlas, ya sin la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la alquimia electoral que Eukid N. ejecutó a través de Omar Blancarte, jefe de la estrategia electoral, logró que Alonso de Moreno Valle creciera en puntos y la violencia no terminó de ejecutarse. Según las mismas versiones, Eukid N. esperaba que hubiera fallecidos en aquella jornada violenta.
Meses después se reveló que Alejandro Armenta, hoy senador de la república, también tenía relación con “el Grillo”. Incluso, habían coincidido en mítines de campaña. Esta versión cobró solidez cuando se conoció que el hoy magistrado electoral Freddy Erazo fue el asesor jurídico del líder criminal.
En la administración de Luis Miguel Barbosa se han desmantelado estas dos bandas junto con otras que ejercen violencia de alto espectro en el estado.
De hecho, Barbosa Huerta interpuso 12 denuncias ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla por el ‘lavado’ de 1,259.3 millones de pesos.
Esa es la veta que el gobernador ha trabajado: el combate al crimen a través del dinero, pues los capitales políticos corruptos están vinculados con estas operaciones. Además, el gobernador cuenta con el apoyo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, su amigo y principal responsable de la guerra de López Obrador contra la corrupción.
Barbosa Huerta llega a su segundo año de la gubernatura con el avance de una misión clara: desmantelar un régimen para que a partir de su caída surja una nueva clase política. En la proyección, alejada de los vicios del pasado. Una dialéctica perfecta.
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