La seguridad pública es un tema fundamental para generar certidumbre económica en México. En un escenario donde las acciones del sector público muestran debilidad, y las autoridades hacen caso omiso y descalificaciones hacia recomendaciones emitidas por organismos internacionales, el ambiente se vuelve menos propicio para la inversión, indicaron especialistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivo del CEESP, con acceso para el equipo de NotiPress, mientras la recuperación económica en México continúa con lentitud, las perspectivas se mantienen en un terreno de debilidad en torno al crecimiento anual y mensual, donde indicaron aumentos de 2.1% en agosto y 1.0% en septiembre, que contrastan con los avances de 8.8 registrados durante junio.
Asimismo, a estas debilidades se suman los factores de rebote del sector productor al reanudar las actividades económicas en la nueva normalidad, luego del confinamiento sanitario, y a los elevados contagios de Covid-19, incluso con el constante cambio de semáforo epidemiológico en el país, informó el CEESP
Sin embargo, un nuevo factor considerado dentro del escenario de baja inversión y crisis, es la seguridad pública y repunte de la delincuencia. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad mejoró ligeramente con respecto a 2019; pero permanece en números altos. En septiembre, 67.8% de la población mayor de 18 años consideró insegura la ciudad donde habita; mientras 66.6% consideró que la delincuencia no se mitigará. Asimismo, en septiembre se registraron 161 mil 157 delitos, 41 mil 349 más que en abril del mismo año.
"Al estar más tiempo recluidos en el hogar y alejados de posibles eventos de delincuencia, es muy factible que las personas generen una percepción distinta sobre la inseguridad, reflejándose en opiniones menos negativas." indicó el Análisis Económico Ejecutivo del CEESP, con respecto a que la seguridad pública solo experimentó un leve mejoramiento por las condiciones de confinamiento sanitario y nueva normalidad.
Entre las repercusiones principales del repunte en la actividad económica e incertidumbre sobre la seguridad pública, se encuentra una menor capacidad para generar empleos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada aumentó 670 mil personas, frente a las 4.7 millones registradas en junio. Por otra parte, de las 14 millones de personas que no figuraron en el mercado de trabajo durante abril, en septiembre se redujeron solo en 200 mil.
Por este motivo, los especialistas del sector privado consideran indispensable atender los problemas de seguridad pública durante la nueva normalidad, con objeto de prevenir un mayor ambiente de incertidumbre que afecte la inversión y repercuta directamente en los principales indicadores económicos.
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