Durante la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial, su presidente uso una expresión que por más que leo versiones periodísticas, no deja de significar lo mismo, una exigencia al presidente Andrés Manuel para que no se produzcan más cambios que toquen y afecten los intereses de los que el lunes 5 anunciaron en Palacio Nacional la inversión de 300 000 millones de pesos para el Plan Nacional de Infraestructura.
Está en su derecho Carlos Salazar a exigir lo que a sus intereses y los de sus representados convenga, en particular el Consejo Mexicano de Negocios que reúne a los ejecutivos de los principales consorcios y cuenta con voz y voto en el CCE, como seis organismos más. También la Asociación de Bancos de México y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, todos ellos los dueños de México y factor decisivo en el organismo cúpula del empresariado.
Salazar Lomelín informó a los suyos sobre la mañanera de Palacio de hace una semana. E invitó a la sesión empresarial a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, donde éste respondió a las dudas a los reunidos vía virtual, y Salazar postuló:
“El Estado, el gobierno federal, el presidente de la república, se comprometió a ofrecer siempre confianza, certeza, certidumbre, a pensar que la inversión privada es un aliado de la inversión pública y al total respeto a la legalidad, respeto a las leyes, respeto a las normas, respeto a toda la reglamentación, la permisología (sic) que tenemos que cumplir los privados. No más cambios, una certeza de lo que se pretende hacer hacia delante en nuestro país”.
Es preciso contextualizar que el presunto compromiso de López Obrador con el organismo cúpula del empresariado, de “No más cambios”, se anunció en una reunión en la que Carlos Salazar informa a los suyos, con la participación de un funcionario de primera línea, y que el mensaje fue hecho público para unos medios que “no valoraron bien” (Salazar dixit) el anuncio del 5 de octubre.
El asunto presidencial resulta necesario que algún reportero de los autodenominados medios alternativos –algunos mezclan preguntas con juicios, denuncias con gestiones de todo tipo, amarran navajas con empresarios y medios convencionales, grillan contra a suspirantes para 2024–, lo exponga al tabasqueño de Macuspana, ahora que Villahermosa está bajo el agua, por enésima ocasión, aunque Enrique Peña prometió obras que fueron simple anuncio de ocasión. Y Obrador no puede ni debe fallarles.
En cualesquiera casos y más allá de los acuerdos contenidos en los 10 puntos del pacto celebrado entre el CCE y AMLO, y en base al cual invertirán 300 000 millones de pesos en infraestructura y más adelante “muchos más”, no es recomendable que los señores del gran capital olviden que cambio fue una de las claves de los 30.1 millones de votantes en julio de 2018 y, sobre todo, de los entre 54% y hasta 70% de los ciudadanos que hoy respaldan al presidente mexicano y que ninguna inversionista debe ignorar.
Inversión, por lo demás, modesta frente a los capitales fugados del país hasta julio pasado y que Banco de México estimó en 13 000 millones de dólares. Y todavía más modesta frente a los calculados 40 000 millones de dólares que recibirán este año 10 millones de familias desde Estados Unidos como remesas. Bájenle, pues, a una exigencia que no guarda correspondencia alguna con la inversión realizada a cuenta gotas en casi dos años y que bajo ningún concepto puede sobreponerse a la soberanía popular. (Foto: El Exprés)
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