El Senado aprobó este miércoles en lo general y particular la propuesta gubernamental de una consulta popular para enjuiciar a "actores políticos" por actos de corrupción durante sus gobiernos.
El Pleno de la Cámara Alta avaló con 65 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención el dictamen, previamente modificado en una sesión de la Suprema Corte el pasado 1 de octubre, en donde los jueces de ese máximo tribunal declararon que es constitucional consultar a los mexicanos si se está de acuerdo o no en que sean esclarecidas "decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", en un proceso "encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas".
Los mexicanos podrán dar su opinión sobre "las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", la cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, detalla la iniciativa.
La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora, ahonda el documento.
Además, y a propuesta de los senadores Saúl López Sollano y Ricardo Monreal Ávila, "la difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y forma que determine la metodología aprobada por el INE".
"El propio INE determinará la ubicación de las casillas de la Consulta Popular, considerando, para ello lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad", específica la iniciativa que ahora deberá ser analizada y en su caso aprobada por los Diputados de México .
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador había planteado una consulta popular para que los ciudadanos se pronunciaran en favor o en contra de que los cinco expresidentes que lo antecedieron fueran indagados y, eventualmente, sancionados por posibles delitos a raíz de las revelaciones de corrupción del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, quien enfrenta actualmente a la justicia por dos casos de presuntos sobornos, uno de ellos correspondiente a la trama de la contratista Odebrecht.
La pregunta aprobada por la Corte no puede ser modificada por el Congreso mexicano, aunque el Ejecutivo tiene derecho a desistirse de la consulta si no le satisface, de acuerdo a la ley.
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