El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó que Interpol se negó por segunda vez a activar el "sello rojo" u orden internacional de captura contra Evo Morales, arguyendo el carácter político del delito de sedición por el que está acusado el exgobernante.
"Cuando se incorpora la figura de sedición, como en este caso, Interpol interpreta que el delito es considerado de orden político, y nos hizo conocer que no van a poder llevar adelante la detención en tanto no se levante la tipificación de ese delito considerado, según la normativa de Interpol, de orden político", dijo Lanchipa.
El jefe del Ministerio Público hizo la declaración en diálogo con reporteros tras una audiencia en el parlamento, respondiendo a una crítica del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, quien observó una supuesta negligencia en la gestión de la orden internacional de captura de Morales.
El exmandatario, quien está exiliado en Argentina desde diciembre del año pasado, enfrenta cargos de sedición, terrorismo y otros delitos en un proceso impulsado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
La demanda oficial está basada en una conversación telefónica en la cual supuestamente Morales habría ordenado bloqueos carreteros de protesta, en noviembre de 2019.
Esas protestas, que siguieron al derrocamiento de Morales y la autoproclamación de Áñez, fueron lideradas por sindicatos campesinos.
Lanchipa explicó que la solicitud a la policía internacional Interpol de búsqueda o captura de un procesado se fundamenta en los delitos señalados por la parte denunciante, en este caso el gobierno de Áñez.
"Nosotros, cuando se nos ha solicitado, en éste como con cualquier otro caso, se envía la transcripción de los delitos por los cuales la persona está siendo requerida y está siendo solicitada a través de la Interpol; en esta transcripción no se puede suprimir ningún delito", justificó.
La Interpol había rechazado también la emisión del "sello rojo" contra Morales en enero pasado, en las primeras etapas del proceso por sedición.
El exgobernante enfrenta además otros procesos judiciales alentados por el gobierno de Áñez, por diversos delitos que incluyen atentados contra la salud pública y, últimamente, casos de estupro y trata de personas.
El gobierno transitorio ha amenazado con encarcelar a Morales en cuanto regrese a territorio boliviano.
