Un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechaza por "inconstitucional" un referéndum solicitado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, acerca de la posibilidad de enjuiciar a cinco exmandatarios que gobernaron desde 1988, porque implica "una restricción de los derechos humanos".
Al final de las consideraciones expuestas en un proyecto de 43 páginas, la SCJN resolvería: "Único. Es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere. Notifíquese al Senado de la República y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido".
El documento fue presentado este 24 de septiembre por el ministro designado para el caso por el máximo tribunal la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis María Aguilar, para ser sometido a votación el próximo 1 de octubre.
"La consulta popular no puede tener por objeto, expreso ni implícito, temas que involucren la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección", indica el proyecto del Poder Judicial.
El ministro expone que el objeto integral de la solicitud del presidente es "consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud".
La resolución señala que esas autoridades son la Fiscalía General y fiscalías de los estados, el Poder Judicial federal y los poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones, cuya actuación no se puede someter a votación.
Referéndum violaría Constitución
El documento que comenzaron a analizar los once jueces del tribunal supremo considera que la propuesta del Poder Ejecutivo viola la Constitución porque somete a votación decisiones que pueden calificarse como "transgresiones" de la ley y los derechos humanos.
"No se puede someter a consulta la aplicación de la Ley, pues ello desnaturalizaría la finalidad de la consulta popular, que consiste precisamente en empoderar las voces y voluntad de la ciudadanía, así como proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho", argumenta el ministro Aguilar.
La consulta popular sería inconstitucional, "porque está dirigida a preguntar sobre la posibilidad de que las autoridades competentes investiguen o no y, en su caso, sancionen los delitos, lo cual no puede estar condicionado a la aprobación de las mayorías, ya que se trata de una obligación ineludible que la Constitución impone a las autoridades competentes".
Otro de los 124 puntos del proyecto indica que la Constitución de 1917 vigente, "permite investigar y sancionar las conductas ilícitas de cualquier funcionario público, incluso si desempeñó el cargo de Presidente de la República".
El artículo 108 de la Carta Magna establece que "el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".
En este sentido, Aguilar indica que el Estado no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales de investigar y perseguir cualquier delito.
Advierte que "esas obligaciones son ineludibles y no pueden ser trasladadas a la ciudadanía para que, mediante una consulta, decida si debe cumplirse con la Constitución y sus leyes".
El ministro describe la anomalía que se presentaría en el hipotético escenario de una consulta en la que ganara como respuesta vinculante un NO, en contra de investigar y sancionar delitos.
Una votación en ese sentido, "obligaría a las fiscalías correspondientes a claudicar en la función social que se les ha encomendado", advierte.
López Obrador afirma que él personalmente votaría NO, porque no quiere ser "verdugo", y esgrime que "en una democracia el pueblo decide".
Al conocer el sentido del proyecto, López Obrador pidió este 24 de septiembre a los once ministros "que no se dejen intimidar, que actúen con criterio; aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes (…), que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo".
El 15 de septiembre, el presidente firmó una solicitud formal al Senado de una consulta ciudadana sobre el posible enjuiciamiento de cinco de sus antecesores: Carlos Salinas (1988-1994); Ernesto Zedillo (1994-2000); Vicente Fox (2000-2006); Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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