El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, firmó este martes una solicitud formal a la Cámara de Senadores para un referendo sobre el posible enjuiciamiento a expresidentes desde 1988, en lo que llama "periodo neoliberal".
"Voy a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México, de 1988 a la fecha, es decir hasta el presidente (Enrique) Peña Nieto", anunció el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio Nacional sede del Ejecutivo federal.
Ese periodo, detalló, abarca las administraciones de los expresidentes Carlos Salinas (1988-1994); Ernesto Zedillo (1994-2000); Vicente Fox (2000-2006); Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La decisión acerca de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los expresidentes "ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y su proyección histórica amerita ser puesto a consideración de la ciudadanía, en un espíritu de democracia participativa".
El jefe del Ejecutivo federal recordó que en su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, propuso la realización de un referendo como paso necesario para resolver sobre este delicado asunto.
López Obrador reafirmó su postura personal expresada desde entonces sobre este tema es que votaría en contra de los enjuiciamientos a sus antecesores.
"En el terreno de la justicia, se pueden castigar los errores del pasado; pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir: he dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso", subrayó López Obrador.
Sin embargo, reafirmó que si se realiza la consulta respetará el fallo popular, sea cual sea, porque "en democracia el pueblo decide", y ratificó su convicción de "mandar obedeciendo".
"Nunca traicionaré la confianza del pueblo, ni seré cómplice de la impunidad, ni voy a ser tapadera de acciones del pasado; pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque como lo he afirmado no es mi fuerte la venganza", puntualizó.
El gobernante subrayó que, si la ciudadanía otorga su aprobación en la consulta, "las instituciones de juzgar las potenciales acusaciones tendrán enorme respaldo para realizar la tarea con absoluta libertad".
Por otra parte, si es rechazada la propuesta de enjuiciamiento a expresidentes en el referendo, "nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales".
La legislación sobre las consultas ciudadanas o referendos establece que pueden ser solicitados por el 2 por ciento de los inscritos en el padrón electoral, es decir 1,6 millones de firmas; por la tercera parte de una de las dos cámaras del Congreso (con la cual cuenta el oficialismo); o por el propio presidente de la República en funciones.
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