La Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad Privada A.C. (ANAINSE) pidió homologar la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Puebla con la reglamentación federal, debido a los altos costos que tiene el registrar una empresa de este tipo en la entidad.
En rueda de prensa el presidente de la ANAINSE, Agustín Fernando Ortiz Figueroa, indicó que los problemas vienen desde el 2017 cuándo se reformó la fracción VII del apartado B del artículo 27 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla
A partir de ese año se ordenó contar con el certificado de control de confianza vigente expedido por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, situación que difiere con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ortíz Figueroa dijo que este tipo de sobrerregulación contradice el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que se establece que los estados no pueden exceder los requisitos establecidos en esta reglamentación federal.
Ante esta situación hicieron un respetuoso llamado al Congreso del Estado de Puebla para que se lleve a cabola homologación correspondiente y se eliminen los requisitos excesivos que se instalaron con el morenovallismo.
En el tema económico, cada empresa de seguridad privada debe de efectuar el pago de derechos por los permisos que exige el gobierno del estado, entre los cuales se encuentra la autorización por cada modalidad de tipo de seguridad, que en el caso de Puebla son nueve y que por cada uno se debe de pagar 55,810 pesos.
Además, cada empresa debe de pagar una revalidación anual por cada modalidad que asciende a 27,915 pesos, el trámite de la cédula de permiso cuesta 160 pesos, la inscripción de cada trabajador 715 pesos, la carta de no antecedentes penales 260 pesos, el examen toxicológico 270 pesos, el curso de capacitación 2,900 pesos y las copias certificadas de protestos de cada año en 4,500 pesos.
Uno de los puntos más criticados es que cada trabajador debe de contar con el examen de control de confianza que es de 2,550 pesos, por lo que en total cada empresa debe de pagar aproximadamente 95,080 pesos, sin contar las múltiples modalidades que puedan ofrecer en sus servicios.
El costo total duplica lo establecido en la reglamentación federal donde se señala que la autorización por cada modalidad es de 19,169 pesos y la revalidación tiene el mismo precio, además de que por los gastos de inscripción, antecedentes policiales y examen toxicológico, todo asciende a un total de 46,315 pesos.
Actualmente en Puebla operan 222 empresas que cuentan actualmente con el registro estatal que ofrecen trabajo aproximadamente a 10,000 personas en la entidad, situación por la que las empresas llamaron a las autoridades para tomar cartas en el asunto.
