Seis meses después de iniciada la contingencia provocada por el SARS-CoV-2 que aún no sabemos cuándo terminará, inicia el mes de septiembre y con él, el enésimo informe de labores del presidente López Obrador. ¿Qué más podemos esperar que nos informe el señor presidente? Todos los días en sus narrativas informa lo que quiere que se sepa. Ya tenemos claro también las 3 obras cumbres de su gobierno: el tren, el aeropuerto y la refinería tres bocas, que dan trabajo a 150 mil personas, dice un spot que promueve su informe.
Cierto es que su idolatría por hacerse sentir diariamente, ha ido construyendo un inédito ejercicio de gobernar. Y en ese ejercicio se enmarca justamente la que está llegando al grado de segunda contingencia: El desmantelamiento del estado de derecho.
A dos años solo algunos ejemplos: Se cancelan obras iniciadas. “Consultas populares” sin mediar el procedimiento que marca la normativa. Aprobaciones a “mano alzada”. Se ordena la libertad de delincuentes. Se instruye a quien sí y a quien no se le otorga prisión preventiva oficiosa. Se acusa sin pruebas a organizaciones civiles u organismos no gubernamentales, a medios de comunicación, a personas. Se modifica, recorta o elimina presupuesto a instituciones debidamente aprobado. No se licitan obras y se modifican de facto los procedimientos para asignarlas. Se convoca a una rifa engañosa, fraudulenta. Enriquecimientos “inexplicables” de servidores públicos en funciones sin consecuencias. Se revoca de facto supuestas “privatizaciones” desconociendo lo que son los organismos descentralizados. Se confiesan delitos electorales y no pasa nada. Se protege a delincuentes. Se definen nuevas figuras jurídicas “aportaciones del pueblo” entre muchas otras que se acumulan todos los días a lo largo y ancho del país.
Lo último es la pretendida consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la República. De entrada parece que ahora sí pretende llevarse a cabo conforme lo establece la Ley Federal de Consulta Popular. El problema es que no es necesario preguntarle al pueblo lo obvio. El hartazgo que tenemos todas/os de la corrupción está a la vista, ¿para qué o porqué quiere gastar recursos públicos el presidente López Obrador? Porque hoy el costo de esta consulta popular se necesita para enfrentar las crisis que vivimos y viviremos post pandemia (sanitaria, de salud, económica, de empleo y de seguridad). Lo único que se necesita es iniciar los procedimientos legales en contra de todos los expresidentes que quieran. Las reglas que aplicarán serán las mismas que se aplican a cualquier ex servidor público en términos de lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), porque ni siquiera hay un proceso especial para expresidentes, sólo tendrían que cuidar que los delitos que se les imputen no hayan prescrito y tener los elementos probatorios que los acrediten.
Es más, no sería la primera vez que se llevara a juicio a un expresidente de la República, se hizo con el expresidente Luis Echeverría, incluso después de treinta años de los hechos por lo que se le acusó.
Por eso creo que esta nueva convocatoria “al pueblo” es una parte más de ese juego de engaños a los que quieren introducirnos, pero que ya no creemos.
Lo grave es que el juego que propone ahora el presidente López Obrador es someter a consulta pública el ejercicio de la justicia. Como bien han comentado distinguidos juristas convertir a la justicia en un circo.
Por eso creo que el desmantelamiento del estado de derecho está pasando al grado de segunda contingencia.
El Covid-19 ha dejado 64,158 muertos en México, 3,321 en Puebla, ¿Qué podrá dejar a México esta segunda contingencia? Hay que pensarlo muy bien.
¿Será ese el lado correcto de la historia? Y eso que no eran iguales.
Palabra de Mujer Atlixco
@rgolmedo
rociogarciaolmedo.com.mx
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