En las redes sociales diversos analistas y periodistas nacionales hablan de un pacto, un pacto de impunidad entre presidentes que hoy Andrés Manuel López Obrador ha roto con el caso #Lozoya. Por ello, el revés mediático que representó la aparición en video del hermano del mandatario federal recibiendo más de un millón de pesos causó una conmoción nacional.
El Gobierno Federal, ante la caída de popularidad (10 puntos desde febrero de 2019), y con la crisis de la COVID-19 a cuestas, decidió proceder contra Emilio L. para que este, como testigo protegido, cargara contra la denominada “mafia del poder”. Pero el asunto se le salió de las manos; peor aún: está por convertirse en el Waterloo de Andrés Manuel.
La guerra de filtraciones (videos, declaraciones, documentos) esconde un escenario que tal vez no consideró el mandatario: la aparición de evidencias de su presunta corrupción. Evidencias que solo saldrían a la luz si Andrés Manuel hubiera roto un pacto.
No es un tema de procedimientos legales. Las filtraciones representan una guerra de lodo, pero si ya están manchados los actores del PRI, PAN y PRD (los principales partidos de México), el mandatario federal ahora ha quedado totalmente sumido en este lodazal, pues en 18 años había intentado esquivar las acusaciones de su evidente financiamiento oculto con parcial éxito hasta ahora, ya que no puede negar la cercanía con su hermano.
La filtración del video advierte dos grandes hechos: hubo una intención de generar una garantía por parte de un actor y dos, hay probabilidades de más grabaciones en contra del mandatario que antes no se habían divulgado por este pacto tácito de impunidad entre presidentes.
En el caso del video publicado por Latinus, el audio y el video fueron empalmados en postproducción, lo que indica que el celular de David León generaba el audio y un segundo equipo grababa el video. El empalme es el archivo completo y este habría sido enviado a quien necesitaba esa garantía: el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
El jefe político del exmandatario era Enrique Peña Nieto. El entonces gobernador había solicitado la autorización al expresidente para financiar a López Obrador y Peña vio la oportunidad de tener una garantía ante cualquier situación que el futuro le deparase.
Esa garantía era el video y el trato deferente de no publicar se rompió cuando López Obrador obligó a Emilio L. a confesar contra tres expresidentes.
Resulta improbable que David León filtrara el video en perjuicio propio, por lo que más probable es que la copia de este la tuviera el expresidente Peña Nieto o alguien de aquel grupo que hoy está contra las cuerdas.
Ahí aparece el error poco calculado de López Obrador: creer que del lado del expresidente y de su grupo no hay más elementos de ataque que seguramente no fueron ocupados en campaña electoral debido a la creciente popularidad del tabasqueño.
De haberse publicado los videos en el proceso electoral de 2018, estos habrían tenido un efecto, pero no contundente. Se habrían convertido en cartuchos quemados.
Hoy, la explosión mediática del caso #Lozoya, vinculando a todo el sistema de poder pasado con delitos, puede convertirse en el Waterloo de Andrés Manuel o en la conquista de Rusia que nunca pudieron ni Napoleón Bonaparte ni Adolfo Hitler. El fracaso de un imperio por consolidarse.
