México aparece como uno de los países peor calificados en el Índice Global de Impunidad 2020 que desde 2015 realiza la Universidad de las Américas de Puebla, para "visibilizar cuantitativamente el problema global" y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia.
"El caso mexicano se mantiene en niveles muy altos de impunidad ya que la variación en su posición, en comparación con los reportes de 2015 y 2017, es resultado de cambios en la posición de otros países, más que de la implementación de acciones efectivas para fortalecer el Estado de derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos", dice en su presentación el informe de 236 páginas de la universidad mexicana.
El IGI es presentado como un importante esfuerzo académico internacional "para medir comparativamente los niveles de impunidad en el mundo", en una lista de casi 70 países.
El indicador se realiza a partir de una metodología cuantitativa que se enfoca en "medir la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos en cada país".
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El documento analiza variables en 69 países, entre ellos: porcentaje de policías por cada 100,000 habitantes, personas frente a tribunales, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos, entre otros indicadores.
Los análisis de los académicos indican que México ocupa el décimo puesto en índice de impunidad.
Los 11 países con impunidad "muy alta" son: Tailandia (62.82 puntos); Honduras (59.69); Marruecos (58.04); Argelia (57.63); Azerbaiyán (54.56); Paraguay (53.15 puntos); 63) Guyana (52.07); Nepal (51.94); Kirguistán (51.80); México (49.67); Guatemala (49.66).
En otras palabras México ocupa el remoto lugar 60, al fondo de la tabla de 69 países estudiados en el IGI 2020.
Evolución en un lustro
Hace tres años, México estaba en el lugar 66 de las 69 naciones estudiadas.
En el índice de 2017 era el país que encabezaba la lista de impunidad en la región; sin embargo, este año ha sido superado por Honduras.
Como país con mayor cantidad de crímenes impunes, es superado solo por otras dos naciones que padecen esa tragedia: Honduras y Paraguay.
Uno de los problemas estructurales es el elevado número de personas en espera de sentencia y sobrepoblación en las cárceles, y la ausencia de jueces.
Por ejemplo, el promedio de jueces en los 69 países es de 17.83 jueces por cada 100,000 habitantes pero México apenas cuenta con 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que Eslovenia cuenta con 42.77 jueces por la misma cantidad de habitantes.
"La precaria situación en materia de derechos humanos representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano", indica el documento.
La universidad plantea medidas urgentes, como dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia.
Los académicos estiman "indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de Gobierno, para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad".
El balance advierte de una "tendencia a un populismo punitivo, que reivindica penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como el camino para reducir la impunidad".
Los expertos señalan que una apuesta por aumentar las penas y permitir prisión preventiva para más delitos supone, además del hacinamiento carcelario, producir un efecto contrario.
"Reproducir ciclos de impunidad tendrá un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable", puntualizan.
La exclusión social es un factor que "retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias de la inseguridad y la violencia, especialmente para quienes sufren condiciones de marginación".
Como respuesta recomiendan crear políticas públicas que tengan como objetivo "la consolidación del Estado de derecho con énfasis en la transformación de los sistemas de seguridad y justicia".
El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Udlap señala que el año 2020 no será recordado solo por la pandemia de COVID-19 y la crisis económica global que desató.
Este año también será "un parteaguas para las instituciones estatales que son responsables de proveer bienes sociales como justicia y seguridad"; y de garantizar el goce de otros derechos como el acceso a servicios de salud y educación de calidad.
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