Organizaciones empresariales y laborales acusan que con la 'Ley antichatarra' del estado de Tabasco se afectará negativamente a las familias que comercializan con alimentos procesados e incluso se podría generar un mercado informal de este tipo de productos.
La reforma de ley que aprobó el Congreso de Tabasco el pasado 17 de agosto para prohibir la venta y distribución de comida chatarra a menores de edad agudizará la crisis económica para quienes viven de la venta de este tipo de productos, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un comunicado, José Luis Zuñiga Lozano, presidente de Coparmex Tabasco, dijo que como agrupación rechazan la nueva disposición del Congreso del Estado en torno a la comida chatarra en la entidad por no tomar en cuenta la posición de quienes comercializan alimentos procesados y bebidas azucaradas.
Reconocemos que se haya dado marcha atrás al impuesto a bebidas saborizadas y energizantes, dado el impacto que esto tendría en las familias más pobres. pic.twitter.com/jDqTvNTWAe
— COPARMEX TABASCO (@coparmextabasco) August 18, 2020
Según él, las afectaciones productivas de la industria refresquera podrían alcanzar los 4,272 millones de pesos (192.7 millones de dólares). Además consideró que el golpe a la industria alimenticia sería de 12,000 millones de pesos (541.3 millones de dólares).
Asimismo, dijo que están abiertos a dialogar sobre posibles soluciones para combatir los problemas de salud pública que originaron la disposición de la Ley antichatarra, pero acusan que no fueron consultados para emitir esta ley.
"El Decreto limita la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas tan variados como frutas deshidratadas, lácteos, cárnicos, productos a base de cereal, entre otros (…) condición que no sólo no resolverá el problema del sobrepeso y la obesidad, sino que incentiva el mercado informal e impactará negativamente a las familias de Tabasco, quienes dependen de su venta, distribución y comercialización", advierte la organización.
No obstante, reiteraron que están dispuestos a trabajar en conjunto con los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la búsqueda de alternativas para solucionar los problemas que originaron la disposición legal en torno a la comida chatarra.
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