Los gobernadores de 10 estados de los 32 que forman México, incluida la capital, reconocen públicamente lo que es más que evidente, que ningún gobierno de las entidades federativas y de los 2 467 municipios cuenta con las capacidades necesarias para atender por sí mismos las crisis sanitaria, económica y, agrego yo, la de seguridad pública que, con todo y tendencias subrayadas a la baja, tiene aún características críticas para muchos paisanos.
Dicen los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista, que “Hoy más que nunca una verdadera coordinación y un verdadero federalismo nos conviene a todos”, concertación aquélla lograda con una buena dosis de oportunismo y politiquería electoral, incluida la sucesión presidencial de 2024, por los ejecutivos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Hilarante es que el gobernador de Michoacán que viaja con su maquillista a todos lados (AHR dixit) le pone cifras a los habitantes que representan, como si las fórmulas políticas que enarbolan fueran producto del debate y la discusión ciudadanas y no de acuerdos cupulares.
Y advierten los aliancistas en la víspera del encuentro que la Confederación Nacional de Gobernadores sostendrá el miércoles 19 con el presidente Andrés Manuel, en San Luis Potosí capital, que es preciso: “Fortalecer los 32 sistemas de salud con inversión pública; acordar la estrategia para la reactivación económica; analizar el pacto fiscal para que la redistribución de la hacienda pública obedezca a criterios de justicia y logre reducir problemas de desigualdad, y apuntalar una política pública de desarrollo y utilización de energías verdes”. Lo que en el caso de las plantas eólicas el interés rebasa lo ambiental porque las trasnacionales pagan un impuesto local. Y de paso se deslindan los 10 mandatarios del litigio del gobierno federal con los corporativos que, en efecto, producen “energías limpias” pero con “negocios sucios” que dañan a la Comisión Federal de Electricidad.
Enhorabuena los gobernadores descubren y asumen “la necesidad de actuar de manera extraordinaria, privilegiando el diálogo y la coordinación, para hacer frente a la doble crisis que encara el país. Subrayan en su posicionamiento que ante el complejo panorama mexicano –y global añado, omisión que interesadamente cometen muchos analistas y políticos–, el país "requiere más que nunca un ajuste del esquema federal, porque hasta ahora los gobiernos locales llevan más de cinco meses haciendo frente al desafío de la epidemia y a la brutal caída de la economía, con sus propios recursos y estrategias, asumiendo todos los riesgos”.
La decena de ejecutivos supone que México es un país de desmemoriados, que ya olvidaron que en mayo pasado siete de ellos rechazaron el semáforo epidemiológico presentado por la Secretaría de Salud para el inicio de la llamada nueva normalidad. Tampoco son para omitirse las descalificaciones que formularon en forma pedante y ruidosa, de manera individual y colectiva, cada vez que se referían a las estrategias nacionales y las medidas del gobierno de López Obrador para enfrentar la pandemia. Inolvidables son las altaneras impugnaciones que hicieron contra funcionarios del sector salud, de Hugo López-Gatell contra el que aún invierten sus mejores esfuerzos para exigir la renuncia. Y menos todavía la negación tajante de cualquier forma de ese federalismo que ahora ensalzan sin ruborizarse.
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